Entramos en el tramo final del Gobierno y del Congreso que deberán renovarse en la primera mitad del próximo año. Se radicó en esta última legislatura el proyecto de reforma tributaria y se conoció al fin el articulado de lo que se ha denominado el proyecto de “inversión social”, como se le llama a la tercera reforma tributaria que presenta el Gobierno, que buscará recaudar 15,2 billones de pesos para las maltrechas finanzas públicas, agobiadas con la pandemia y por una serie de demandas sociales que la crisis sanitaria ha dejado en el camino.

Al contrario de la anterior propuesta, la actual viene precedida de un amplio respaldo de los sectores políticos y gremiales del país y el Ministro responsable ha anunciado que no tocará a la clase media, ni a los pensionados, ni a la canasta familiar y que básicamente se limitara a ampliar al 35% el impuesto a la renta de las empresas, el impuesto del ICA y otros ajustes que el mismo sector empresarial ofreció asumir para paliar la actual coyuntura que vive el país.

Aunque para algunos críticos los recursos que se esperan obtener con la reforma son insuficientes para los requerimientos fiscales del momento, se espera al menos poder dar continuidad a los programas gubernamentales que se han venido ofreciendo a la población más vulnerable: Ingreso solidario, el PAEF, la matricula cero, el impulso al empleo juvenil, necesidades que fueron develadas con ocasión de las protestas sociales y la misma pandemia.

Esperemos que el manejo prudente que se le ha venido dando a la iniciativa le permita cumplir su trámite en esta legislatura, sin los contratiempos que tuvo la frustrada propuesta anterior, que incendió el país y causó más pobreza y destrucción de que se esperaba recaudar.

Se ocupará el Congreso también de otra iniciativa gubernamental anunciada como el proyecto antivandalismo y antidisturbios, que muchos han considerado como inútil, en la medida de que las actuales normas vigentes penalizan las conductas que ahora se quiere reglamentar.

Es la reiterada ocurrencia que tenemos en Colombia de creer que la solución está en las normas o en las penas. Algunos piensan que es necesario reglamentar el artículo 37 de la Constitución Nacional que se refiere a la protesta pacífica. Este tema puede polarizar los ánimos de los diferentes sectores políticos y sociales, y convertirse en leña para avivar el fuego que se encendió con la pasada reforma tributaria.

Otro proyecto importante es el del Presupuesto General de la Nación, donde esperamos que se tornen reales las políticas de austeridad que anunció el Gobierno y que comenzaron a frustrarse con cosas tan simples como el cambio de uniformes en la Policía Nacional. Bastante inoportuna e inútil, por cierto.

Nuevamente se crea expectativa sobre la posibilidad de reducir el tamaño del Congreso y sus emolumentos. Ojalá pudiera llevarse a feliz término una iniciativa de esta estirpe, que sin duda sería muy bien vista por la sociedad colombiana. Esperemos que las expectativas para este último año de Gobierno puedan recuperar el tiempo perdido y lo que hemos retrocedido como sociedad civilizada.