Una vez más ha saltado a la palestra Hidroituango, proyecto de vital importancia para todo el país, el cual está enfrentando en este momento sus mayores dificultades, en medio de una trifulca y un pulso político que ha trascendido a los estrados judiciales y está mediada por un fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General.

Este megaproyecto de generación de electricidad es considerado como el de mayor envergadura del país, ya que el mismo contempla ocho unidades con una capacidad de 300 MW cada una de ellas, cuya central de generación estará en capacidad de satisfacer el 17% de la demanda nacional. De él depende la confiabilidad y firmeza de un servicio tan esencial como es el de la electricidad para los 13.8 millones de usuarios que cuentan con el mismo.

Así las cosas, pese a los esfuerzos del gobierno para garantizar el cubrimiento de la demanda y de EPM, al acordar con los cuestionados contratistas que continuarán la obra, con miras a asegurar que las primeras cuatro unidades entraran en operación este año y no cumplirse con dicho cronograma, el sistema eléctrico del país en su conjunto ha sido sometido a un estrés que ha puesto en riesgo su estabilidad y confiabilidad, presionando al alza las tarifas.

Por todo lo anterior, el sólo anuncio por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de que están contemplando un plan B que consistiría en cambiar al consorcio constructor, ha encendido todas las alarmas. Porque, así afirme el alcalde Quintero que si se cambia de montura en la mitad del río, “en junio del próximo año, si no hay retrasos (¡SIC!), entraríamos en operación”, ello está por verse.

Ante esta encrucijada y la gravedad de la situación planteada, el presidente de la República Iván Duque convocó una cumbre en la Casa de Nariño. Al término de la misma mientras el alcalde Quintero se limitó a decir “que los responsables paguen”, el presidente Duque afirmó, sin ambages, discrepando con el alcalde, que “aquí lo que ocurrió fue un siniestro y lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas”.

Y con respecto al cambio de contratistas y un eventual aplazamiento de la entrada en operación de las dos primeras unidades en junio del año entrante, como lo planteó el gerente de EPM, a consecuencia de ello, manifestó: “aquí no podemos estar improvisando como país. Poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país”. Y subrayó, “aquí no podemos estar jugando a la incertidumbre”.

Huelga decir que el no cumplimiento del nuevo cronograma para la entrada de Hidroituango para que empiecen a generar, no sólo seguirá afectando el precio y las tarifas de energía en todo el país, sino que compromete seriamente la operatividad de los parques eólicos y las granjas solares-fotovoltáicas que se están instalando porque quedan sin respaldo.

*Miembro de Número de la ACCE

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