La escandalosa renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín refleja la manera en que gobernó. El exalcalde se dedicó a usar recursos públicos para favorecer su proyecto político, socavar desde la Alpujarra a aquellas instituciones que han hecho de Antioquia un departamento ejemplar y fomentar la discordia en lugar de impulsar soluciones. Resulta apropiado, entonces, que haya abandonado su falsa posición de gobernante para jugar abierta y legalmente el papel que le ha correspondido siempre, como agitador y propagandista político. Los antioqueños no se deben estar preguntando por qué renunció, sino por qué se demoró tanto en hacerlo.

La debacle de Medellín bajo Quintero no fue más que la última manifestación de una tendencia preocupante a hacer de los gobiernos locales meras plataformas para los políticos con ambiciones nacionales. No ha habido mayor víctima de esta tendencia en Colombia que la ciudad de Bogotá. En nuestro país, la alcaldía mayor es considerada la segunda posición más importante, otorgándole a un sólo individuo la jurisdicción sobre 9 millones de personas. Esto no solamente hace del distrito capital la subdivisión más poblada del país, teniendo Antioquia, el departamento más poblado, sólo 7 millones de personas, sino que además priva a los bogotanos de la división de poderes entre el municipio y el departamento que disfrutan todos los demás colombianos.

El alcalde mayor goza, además, de una enorme influencia indirecta sobre municipios cundinamarqueses como Soacha, Chía, Cajicá y tantos otros cuyo futuro depende de la seguridad y prosperidad de la capital. La aprobación del área metropolitana Bogotá-Cundinamarca, en la que los intereses de la metrópolis primarán casi inevitablemente sobre los de los municipios periféricos, solamente intensificará esta dependencia. Es muy difícil para cualquier alcalde honesto representar efectivamente a tantas personas y muy fácil para un político oportunista dejarse tentar por semejante concentración de poder.

Por el contrario, la organización descentralizada del Valle de Aburrá ha mitigado los impactos negativos de la alcaldía Quintero. El municipio de Medellín sólo tiene 2.5 millones de habitantes, permitiéndole a los 1.5 millones que viven en los otros municipios del área metropolitana gozar de representación local efectiva. La pujanza de aquella aglomeración urbana se ha trasladado hacia las periferias, siendo un ejemplo claro el municipio de Envigado, cuya calidad de vida hoy es la mejor del país. El Valle de Aburrá no ha sufrido la decadencia total que ha experimentado Bogotá desde el año 2004.

A corto plazo, Bogotá podrá comenzar a recuperarse eligiendo a un alcalde genuinamente interesado en su futuro. Sin embargo, la única solución duradera al déficit sistemático de representación genuina en Bogotá es descentralizar la administración de la ciudad. Si sus localidades se convirtieran en municipios, Suba, Kennedy y Engativá pasarían a ser el cuarto, quinto y séptimo municipio más poblado de Colombia, respectivamente, con poblaciones comparables a la de Cartagena. Bajo esta propuesta, el distrito capital se transformaría en una aglomeración de municipios autónomos y el alcalde mayor, elegido por los municipios, pasaría a tener facultades estrictamente limitadas a la coordinación de proyectos comunes.

De esta manera, no existiría en Bogotá una posición local cuya importancia política fuese nacional. Los ciudadanos tendrían la capacidad de exigir soluciones específicas a los problemas de sus localidades y los mandatarios locales tendrían las herramientas para amplificar los potenciales particulares de aquella ciudad enorme y diversa. Bogotá dejaría de ser un miserable fortín para los políticos y se transformaría en un refugio generoso para sus habitantes.