Infeliz un país que ve como la honorabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se derrumba antes sus ojos y la imagen digna de la justicia va quedado convertida en un feo esqueleto de huesos putrefactos.  

Desventurados los ciudadanos cuando comprenden que la majestad de una institución la cual debe fungir como su defensora imparcial se ha ido evaporando hasta disolverse completamente.

¿Quién defenderá al ciudadano común ahora? Es claro que no serán estos magistrados, quienes día a día obedecen a una agenda propia, ¿política o algo peor? Y, no a la Constitución y las leyes que los deben gobernar.

Los días que pasaron sin que los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte aceptaran lo claramente ordenado por la Constitución, respecto al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, desdibujaron más su imparcialidad, su honorabilidad.

Es vox populi que estos magistrados buscaron, desesperadamente, como impedir que el caso de Uribe Vélez pasara a la Fiscalía para ser juzgado por la justicia regular.

Es vergonzoso ver como Iván Cepeda, archienemigo de Uribe, prácticamente, les da órdenes a los mismos magistrados quienes, hace un corto tiempo, lo declararon “inocente”, en una dudosa sentencia relacionada con el expresidente Uribe.

Aquí no hay imparcialidad, ni la supuesta presunción de inocencia, como ordena la ley, esto es, estimados conciudadanos, simple y llanamente ¡política! Política de la dañada, de la que huele a cloaca.

¿Por qué pretendieron negarse a entregar el caso de Uribe Vélez a la Fiscalía? ¿Acaso han cometido tal cantidad de irregularidades y atropellos en el expediente del expresidente que temen que la justicia regular descubra sus desmanes?

Un número abrumador de exministros y exmagistrados de la Corte Suprema y otras altas cortes, de todas las corrientes políticas, de izquierda, centro y derecha; amigos y enemigos del expresidente presentaron, respetuosamente sus conceptos, recomendado el traslado del expediente del ciudadano Álvaro Uribe a la Fiscalía. Igual determinó la Procuraduría General de la Nación. Quizá esto fue los que “caló” en la Corte.    

A la Corte Suprema de Justicia, como ciudadanos, le debemos todo respeto. Más no a los magistrados presentes, ni a los de los últimos años, quienes no han hecho honor a la Institución que representan.

Recordemos a aquellos magistrados que arbitrariamente se negaron a aceptar la información rescatada del computador del narcoterrorista Raúl Reyes; información indispensable para acabar con el narcoterrorismo de las Farc, para conocer quiénes eran sus asociados o “empleados a sueldo” en el Congreso, los lugares donde mantenían a los secuestrados, los escondrijos de sus caletas, sus rutas para importar armas y exportar droga, en fin, todas sus atrocidades.

Recordemos a los magistrados del “Cartel de la Toga”, vergonzosos comerciantes de sentencias.

Ni que decir de los actuales, quienes cínicamente presentaron un acto de detención contra Uribe de 1.505 páginas, algo completamente inusual, con la fea intención de sepultar en papel su truculento actuar, su prejuzgamiento, sus abusos.

Con estos hechos se ha erosionado la credibilidad e imparcialidad de estos magistrados. Lo que está ocurriendo da miedo, ¡verdadero miedo! No creo que en la historia de la República haya sucedido algo semejante. Cuando se corrompe la sal, todo se pudre. Cada día estos magistrados se parecen más a los que mantiene Nicolás Maduro en su Corte Suprema de bolsillo.