¿Inequidades?
El debate sobre el monto de las pensiones oficiales que superan el límite actual de los 20 salarios mínimos mensuales se ha concentrado principalmente en las de la Rama Judicial. Contra éstas se ha desatado una ofensiva mediática sin más propósito que el de presionar a los jueces constitucionales que deben resolver el problema.
Los argumentos contra jubilaciones de jueces y magistrados van desde los puramente éticos, que hablan de privilegios inexcusables; hasta los puramente económicos, por el excesivo porcentaje subsidiado que compone cada mesada frente al monto de los aportes del beneficiario; pasando por quienes denuncian como inequitativo que algunos obtengan semejantes cantidades, mientras hay otros que ni siquiera se pensionan.
La polémica así planteada tiene grandes dosis de maniqueísmo, manipulación e hipocresía por parte de quienes se rasgan las vestiduras por el monto de algunas pensiones. Los analistas que lanzan anatemas contra los miembros de la Rama Judicial que disfrutan de jubilaciones altas, no distinguen las diversas situaciones que se presentan en la liquidación y reconocimiento de cada una. Y menos aún contextualizan históricamente el origen del que, hasta no hace muy poco, era el único beneficio que el Estado les reconocía a quienes dedicaban su vida a la administración de justicia.
Probablemente al país ya se le ha olvidado, pero hasta 1992, los salarios de jueces y magistrados eran de los peores del servicio público. Adicionalmente, los riesgos profesionales eran (son) tan elevados que un juez puede morirse igual de pulmonía, a causa de las insalubres condiciones de trabajo, que de “plomonía”, por razón de los múltiples grupos criminales que debe enfrentar sin ningún respaldo estatal.
Como compensación por esos salarios miserables que antes les pagaban, los jueces tenían un régimen especial de pensiones que les permitía pensionarse con el salario más alto del último año laborado. Ese beneficio estaba suficientemente reglado en la ley y por tanto su aplicación no puede ser objeto de reproche. Era obvio que el Estado asumía el subsidio a ese tipo de pensiones como una compensación final para garantizar un retiro digno al administrador de justicia.
Igual cosa ocurría en las altas cortes. Allí se estableció un régimen especial para quienes hubieren servido todo su tiempo en la Rama Judicial o el Ministerio Público y finalizaran allí su servicio público. La distorsión del sistema se generó cuando empezaron a elegirse en las altas cortes a ciudadanos con trayectoria exclusiva en el servicio privado que se hicieron extender, vía tutela y en aras de un discutible principio de igualdad, un beneficio normativo cuya única razón de ser era compensar a los servidores permanentes de la Rama Judicial.
En todo caso es obvio que es mayor la inequidad y peor el desequilibrio macroeconómico que genera la pensión del que ocupó, permanente o transitoriamente, la Presidencia de la República o la que surge de los miles de millones de pesos que se regalaron en forma de subsidios a los hacendados ricos de AIS o a las multinacionales por descuentos tributarios o a los bancos en planes de rescate. La diferencia de trato mediático es que ellos pautan. Los jueces no.
@Quinternatte