La misma historia
Las noticias de la crisis carcelaria y de una protesta de los Jueces de Garantías de Bogotá, aparentemente desligadas entre sí, son en realidad piezas de un mismo engranaje que funciona tan descoordinado que pareciera tratarse de dos asuntos absolutamente diferenciados y no del mismo sector Justicia.
El hacinamiento carcelario que le ha estallado en las manos a este Gobierno es consecuencia directa de la ausencia absoluta de política criminal del Estado y de las sucesivas improvisaciones legislativas que responden más a reclamos histéricos de la sociedad mediatizada o a la coyuntura de cada momento que a la necesidad de resolver seriamente y con vocación de permanencia problemas estructurales del sistema penal.
En ese orden de ideas, la reciente propuesta pública de la Ministra de Justicia y del Derecho de apelar a la utilización de la detención domiciliaria como mecanismo para descongestionar las cárceles, puede resultar verdaderamente ofensiva para la Rama Judicial, aunque las razones de la ofensa no le sean imputables a ella.
Tiene razón la Ministra cuando le achaca a la escasez de la concesión de ciertos subrogados penales o de mecanismos sustitutivos de la detención preventiva en establecimiento carcelario, parte de la congestión en que ahora se encuentran las cárceles y penitenciarías del país.
Sin embargo, el problema no lo crearon los jueces, sino el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con su entonces ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cossio y su viceministro Miguel Ceballos. Ellos fueron quienes oficiaron a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que investigara disciplinariamente a los jueces por conceder “detenciones domiciliarias”.
Esa petición-orden se inscribió dentro de las tácticas de persecución que ese Gobierno instauró contra la Rama Judicial por el procesamiento penal de algunos de sus más altos funcionarios. Esa, por ejemplo, ocurrió a raíz de la detención de uno de sus “buenos muchachos” al que se le negó la detención domiciliaria.
Lo grave es que desde entonces ningún juez reconoce ese beneficio o el de la prisión domiciliaria, porque cada concesión se convierte automáticamente en una indagación. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior, siempre tan obsecuente con Uribe, entendió la petición como una orden y se dedicó a empapelar jueces y magistrados de Tribunal.
Y en ese mismo orden es que aparece perfectamente acoplada la protesta de los Jueces de Garantías dirigida contra los medios de comunicación, pues desde muchos de ellos se desorienta a la opinión pública y se organizan verdaderos linchamientos contra el funcionario judicial cada que concede algún beneficio a un procesado de esos que algún periodista matutino estima desde la comodidad de su estudio europeo “peligroso para la sociedad” o por lo menos para los intereses jurídicos o personales de alguno de sus anunciantes o de amigos de farra.
Nada es gratuito en la vida, dicen los abuelos. Y tienen razón. Por eso, no es buena idea convertir el proceso penal en un espectáculo, a sus instituciones procesales en una abreviatura y a sus jueces en rehenes de una opinión desinformada o de un Tribunal politizado, porque las consecuencias las sufrimos todos.
@Quinternatte