Que el ser humano está predispuesto a cometer abusos o desmanes es una realidad, a lo largo de la historia hemos observado como los detentadores del poder, la ley y la autoridad, son propensos al despotismo que fácilmente puede conducir a injusticia; no es fácil lograr imparcialidad y mucho menos mesura frente a la necesidad de hacer justicia, aplicando correctivos ante errores o desacatos a las normas, leyes y preceptos. Esta situación de excitación altera la paz y orden ciudadano, poniendo los representantes de la autoridad en desventaja a la hora de evaluar sus actuaciones en materia de control ciudadano y lucha contra la delincuencia.

Recomienda  la tradición que los representantes de la  autoridad deben ser  formados y capacitados para encarar este tipo de situaciones con templanza, sabiduría, ponderación, mesura a más de formalidad, tarea nada fácil si consideramos que en muchas ocasiones deben atender personas salidas de control o impelidas de intereses, donde la violencia es perentoria y parte de una estrategia que busca precisamente desplazar de su zona de control a los servidores públicos para sacar de esa actuación grandes ventajas en otros estadios, muy ajenos al momento provocado con fines específicos y predeterminados.

Estas salidas de control tienen un costo para las personas, grupos e instituciones, razón de los ingentes esfuerzos realizados por el mando, las autoridades y el mismo alto gobierno, para capacitar, equipar e instruir hasta la saciedad estos hombres que, en solitario o grupo, deben enfrentar momentos de verdad sustentados en la  provocación, agresión y desafío; pero cuando falla la  instrucción y preparación, por ser parte  inherente al ser, siempre, siempre, se debe investigar buscando aclarar hasta la saciedad la esencia de los hechos y su desarrollo, sancionado penal o disciplinariamente en caso de comprobarse  elementos y actuaciones que conduzcan a tales extremos. Por fortuna para el país, los miembros de la fuerza pública que incurran por acción u omisión, en situaciones como las contempladas, son objeto de serias investigaciones y ejemplares sanciones, para satisfacción de la ciudadanía.

Pero cuando las cosas tienen el sello de la moneda y son  miembros de la fuerza  pública los irrespetados, agredidos y vilipendiados, cuando no muertos, como hemos podido observar en medios de comunicación, (quienes hace las veces de acusadores) por qué no tienen en cuenta que los servidores públicos asistentes a estos eventos no van  por convicción ni ideología, sólo cumplen un deber en defensa del orden y bienestar colectivo y reciben  agresiones, insultos y  recordemos, mucha veces  han sido secuestrados, situaciones nunca soñadas en nuestro ámbito patrio. ¿Eso quién lo paga?, ¿A quién sancionan? ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde quedaron sus derechos humanos y dónde la justicia? Invocamos y pedimos imparcialidad frente a desmanes y abusos.