Advertimos que pasaría …, y pasó. Los convocantes a las marchas no cedieron a los ruegos de epidemiólogos y autoridades de salud, ni a los de las iglesias y otros sectores; ni al sentido común, pues sabían que habría vandalismo criminal, como lo hubo y lo sigue habiendo mientras escribo; y sabían también que habrá contagios y habrá muertes, que empezaremos a llorar muy pronto.
En fin, no cedieron siquiera al mandato de un juez, que no prohibía, sino que ordenaba suspender las marchas; pero ellos se sienten por encima de la justicia, y lo triste, para el país y la justicia, es que, efectivamente, pasaron impunemente por encima de ella. Es la inconsecuencia del líder de la destrucción y el caos, que le reclama al Gobierno y se autoproclama respetuoso de la Ley, pero la sentencia del Tribunal de Cundinamarca le importó un maravedí, como diría mi abuela española.
Mientras tanto, un Gaviria vociferante agita el trapo rojo contra el Gobierno, pero calla sobre la desobediencia a la justicia, como callan el centro-santismo y Fajardo - ¿será lo mismo? -, apoyando las marchas sin apoyarlas; rechazando el vandalismo porque toca, pues lo único que importa es desacreditar al Gobierno para competir con Petro por el papel de salvadores en 2022.
Hacia delante, más contagios y más muertos; quizás un cuarto pico, sin haber salido del tercero y con ciudades con ocupación de UCI superior al 90%. El comercio, que lucha por levantar cabeza, tendrá que recuperar los 230 mil millones perdidos en un solo día… y lo que falta. ¿Cuánto costará recuperar la infraestructura destrozada?, ¿cuánto los bloqueos que impiden la movilización de mercancías?, ¿cuánto perdieron las empresas por la inasistencia a trabajar a la que invitó Petro?
Esas cuentas, que no se han hecho y que pagaremos todos, son más inconsecuencia de Petro y compañía, que se oponen rabiosamente a la intención responsable del Gobierno de conseguir ingresos para los programas sociales y de preservación del empleo, pero su única propuesta es “apagar el incendio con gasolina”, con destrucción y bloqueo de la economía, cuando lo que el país necesita es solidaridad y reactivación.
Es la inconsecuencia demagógica de pedir y pedir, como si la plata se diera silvestre. Los recursos para programas sociales, con apoyo a la nómina hasta marzo e ingreso solidario hasta julio de 2021, que habrá que prorrogar, suman 20,8 billones; las vacunas costarán cerca de 3 billones y la aplicación otro tanto. ¿De dónde flores, si no hay jardines?
Si no quieren aglomeraciones, retiren la reforma, amenaza Petro, chantajeando con la salud y la vida de sus compatriotas, dejando salir al comandante Aureliano y su vena de guerrillero extorsionista. ¡Retírenla!, gritan a coro la izquierda, Roy, Benedetti y Cepeda, amenazando con “paro legislativo” ¡Lo que faltaba! ¡Retírenla!, repiten obedientes Velasco, Cristo y De la Calle, convertidos todos en extorsionistas políticos.
El debate no es en las redes, ni lanzando las gentes a la calle a todo riesgo, mientras agitan agazapados en sus casas. Su deber constitucional es darlo en el Congreso de la República; para eso los eligió el pueblo y para eso les pagamos. Negarse a hacerlo tiene un nombre: prevaricato por omisión.
La arenga incendiaria de retirar el proyecto solo busca doblegar al Gobierno, pero detrás de esa mezquina extorsión olvidan lo verdaderamente importante: Cómo auxiliar a los más pobres, que no estaban marchando ni vandalizando, cómo evitar que se pierdan más empleos, cómo sostener la educación pública gratuita, cómo reducir el contagio, cómo evitar que Colombia siga muriendo.
Nota Bene: abril 29: 505 muertos
@jflafaurie