En teoría, la solicitud de extradición y la detención de alias “Jesús Santrich” no deberían representar un obstáculo para el desarrollo de lo pactado a partir del proceso de paz con las Farc-EP, y mucho menos una crisis, ni el regreso a la guerra, pues si los posibles delitos fueron cometidos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 -habrá de establecerlo la Sección de Revisión de la JEP, según el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017-, el sometimiento del ex negociador a la jurisdicción ordinaria y su eventual extradición no serían nada distinto de una aplicación práctica del Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016 y de las normas expedidas para su implementación.

No obstante, la actitud y las palabras de “Iván Márquez” y de alias “El paisa” están conduciendo a esos efectos no deseados por el país. Y, sin dudarlo, la presión que ejercen para que su ex colega quede en libertad sin más trámites, es una forma de romper unilateralmente -de hecho- lo pactado, pues –ni más ni menos- al formular semejante exigencia se apartan del Acuerdo y del compromiso de sujetarse a las reglas propias de la institucionalidad. Sus obligaciones provienen del Acuerdo y son inherentes a todo proceso de la naturaleza del que se llevó a cabo.

En efecto, el Acuerdo Final es un documento bilateral, firmado a nombre del Estado colombiano por el Presidente de la República y por alias “Timochenko” a nombre de la organización guerrillera de las Farc-EP. Así que ambas partes se comprometieron, a mi juicio de manera más gravosa el Estado. Pero los exguerrilleros también asumieron compromisos, entre ellos el relativo a la garantía de no repetición de las conductas delictivas, y con posiciones como las descritas, es evidente que no los están honrando.

Ahora bien, reconozcamos que tampoco el Estado ha cumplido varios de los compromisos contraídos. Como lo advirtieron sectores de opinión -siendo por ello tildados de "enemigos de la paz"-, eran demasiadas obligaciones las asumidas por el Estado, muy costosas y también de difícil planificación y ejecución. El Gobierno creyó equivocadamente que todo se circunscribía a las normas, que exigió fueran aprobadas sin reservas ni discusiones por el Congreso, y forzosamente declaradas exequibles por la Corte Constitucional, y aunque ese objetivo lo ha logrado en muy buena parte -aun en detrimento de la Constitución- era muy importante lo práctico, lo financiero, lo económico, lo administrativo. Cuestiones tales como la reforma integral agraria, el banco de tierras, la reparación a las víctimas, entre otras, son esenciales para que los desmovilizados y sus familias, y también las víctimas, tengan una mínima seguridad, así como para evitar deserciones y reincidencias.

Tampoco se olvide que el manejo de recursos destinados a la paz no ha sido transparente, y al parecer, como lo han dicho organismos de control, y como resulta de remociones y renuncias recientes, además de los reclamos de gobiernos extranjeros, las cuentas no están claras.

Agreguemos, en total acuerdo con lo escrito hace unos meses por el Dr. Juan Manuel López Caballero (Revista “Dinero”,  2017/10/12):

“…lo ‘pactado’ sería apenas una mínima cuota inicial para la verdadera Paz, pues ésta no llegará mientras no se realicen los cambios que la sociedad necesita para permitir condiciones de convivencia: justicia social y correcta administración de justicia, acabar con las grandes desigualdades, la exclusión, etc.; la Paz es la armonía ciudadana y no el silencio de los fusiles”.