La democracia descansa en varios supuestos fundamentales, uno de ellos es la separación de poderes ejecutivo, judicial y legislativo; cada cual cumpliendo su función esencial señalada en la Constitución; colaborando entre ellos para alcanzar el logro de fines del Estado. A su vez, las tres ramas del poder público atienden el cometido de control entre ellas, realizan el contrapeso para evitar que las demás se desborden en el ejercicio de sus funciones.

De esta manera, la rama jurisdiccional controla las actuaciones del Ejecutivo, a fin de que no se extralimite en el ejercicio de sus funciones. Es lo que ha pasado con la reciente sentencia de la Corte Constitucional al declarar contraria a la Constitución, por violar los principios constitucionales de equidad y justicia tributarias, la prohibición contenida en la reforma tributaria que establecía   que las empresas del sector minero no pudieran descontar de su pago de renta las regalías que le entreguen a la Nación en el desarrollo de su actividad.

”Lanza en ristre” se vino el presidente de la República, pues la decisión le abre un hueco fiscal de seis billones de pesos a las finanzas públicas, efecto que estaba anunciado desde que se adelantó la discusión en el Congreso y la tosudez del Ejecutivo fue tal que no atendió argumentos ni razones; estaban advertidos los reparos jurídicos de inconstitucionalidad, amén del perjuicio para las empresas del sector, que quedan condenadas a su desaparecimiento por inviabilidad financiera.

Bien cierto es que sobre las decisiones judiciales puede haber discrepancias; ni más faltaba, sobre ellas se puede disentir, pero no puede ponerse en duda su legitimidad y su acatamiento por las demás autoridades públicas. La advertencia del Presidente de que con tal descalabro fiscal tendría que proceder a recortes presupuestales en la rama judicial, entre otras medidas, sonó a retaliación por la decisión adoptada. La amenaza con la medida fiscal anunciada provocó respuesta por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia llamando a respetar su independencia por parte de ejecutivo.

Cosa diferente es el anuncio de buscar equidad reduciendo los salarios de los altos funcionarios del Estado; congresistas, magistrados, fiscales, etc.  Se comenzó rebajando y poniendo limite a algunas pensiones, alegando la necesidad de dar sostenibilidad al sistema; pero quedó pendiente terminar la tarea, con otros altos pensionados, como son los expresidentes, altos militares, etc., y se debe seguir con los mega sueldos, como los que reciben los parlamentarios y todos los demás funcionarios que hacen referencia a los mismos, para establecer sus ingresos.  Es cuestión de equidad y de igualdad.

No hay que mezclar las cosas; una cosa es el respeto por las decisiones judiciales y el ejemplo que debe dar el presidente de la República, como el primero llamado a reconocerla, con el acatamiento incuestionable de las decisiones judiciales, así afecten sus programas de Gobierno y otra muy distinta, la tarea interrumpida de reducir los mega sueldos de los altos funcionarios del Estado.