Un país como el nuestro, urgido de seguridad, necesita el compromiso de todos los sectores de la vida nacional para atender las diferentes aristas que conducen a esa situación de amenaza, donde los ciudadanos -y la nación en general- sientan que existe una política de seguridad impulsada por el gobierno y sustentada en los diferentes estadios que lo componen.

Es claro que la seguridad en Colombia se ha  fisurado, avivada por un problema social centenario, que necesita atención y compromiso no solo del gobierno, sino del conglomerado en toda su extensión; desde los tiempos  que se vienen presentando desplazamientos de familias enteras venidas las zonas rurales hacia a las ciudades, inició la descomposición social, pues estas personas llegaron a  las diferentes urbes sin  capacidad de lucharlas, explorarlas y trabajarlas, debiendo por ello caer en la economía informal como primer paso hacia el rebusque, término utilizado para explicar la urgencia de cubrir las necesidades básicas a cualquier precio y por cualquier camino, con lo cual la delincuencia organizada encontró fácilmente mano de obra y  disposición de personas, para actuar bajo sus delineamientos e instrucciones en el mundo criminal.

Este estado de cosas necesita pronta y eficiente atención, compromiso que se puede lograr si atendemos estos núcleos sociales, ubicados en su mayoría al margen de las grandes ciudades, llevándoles oportunidades de empleo, educación, salud y servicio públicos en todo su esplendor, a más de capacitación en diferentes disciplinas que los proyecten laboralmente. La organización de estas agrupaciones es imperativa, pues marca el camino hacia la recuperación y observancia de la ley, sus obligaciones ante la sociedad, así como los derechos que les asisten.

Al lado de este ambicioso programa debe brillar la justicia, pilar del orden y aliada indiscutible de la fuerza pública, responsable de preservar la vida, honra y bienes de estos grupos relegados pero comprometidos y hermanados con la sociedad a fuerza de acercamiento y construcción del tejido social que impulsa el retorno a su terruño para retomar las faenas campesinas, sustento de la economía nacional. Pero la justica urge de herramientas que ayuden a persuadir la delincuencia de todo tipo, que angustia, agobia y oprime las gentes de bien, no solo al margen de las capitales sino en todo el territorio patrio.

Es en este espacio donde recaemos en la necesidad de contar con centros de reclusión que cubran las necesidades de justicia pronta y eficiente, porque nuestras cárceles están muy lejos de lo ideal. La Modelo pide a gritos demolición y construcción de un centro innovador, soportado en tecnología; otro tanto sucede con La Picota, solo por citar dos ejemplos. Pero, en general, todos los centros de reclusión, incluyendo los de paso, adolecen de espacios y servicios básicos para atender la demanda.