Desde hace algunos años -por no decir que buena parte de la historia republicana de Colombia-, el país ha padecido de una profunda inestabilidad institucional, lo que ha derivado en un paulatino pero profundo debilitamiento del régimen político y democrático del país. En un Estado con una marcada tendencia “santanderista”, hemos creído erróneamente que la única forma de resolver las principales problemáticas del país es a través de la expedición de leyes o reformas constitucionales, lo que se evidencia en el hecho que desde 1991 nuestra carta política haya sufrido más de 50 modificaciones.

Si bien la mayoría de las reformas constitucionales han estado encaminadas a mejorar y fortalecer el régimen democrático, pareciera ser que nada ha funcionado, hoy ocho de cada diez colombianos no cree en la justicia -recordemos el cartel de la toga-, ocupamos el puesto noventa de ciento ochenta en el índice de percepción de la corrupción, existe una evidente desconfianza en el sistema político -y en el ejercicio del poder-, y el clientelismo en el empleo público y la contratación han terminado de deteriorar la credibilidad en las instituciones colombianas.

Los últimos meses han sido “reveladores”, múltiples hechos de corrupción han puesto en evidencia el nivel de degradación institucional del Estado, y el sesgo político de algunos operadores de justicia. Basta recordar la llamada a indagatoria realizada al expresidente Álvaro Uribe, en la que no se respetaron las garantías constitucionales contenidas en el acto legislativo 1 de 2018 -segunda instancia para aforados-, o las interceptaciones ilegales que la Corte Suprema de Justicia ordenó contra él y que a pesar de la ilegalidad de la prueba, fueron remitidas como válidas a otro proceso.

Lo curioso de estos hechos es que algunos funcionarios que en 2011 decidieron archivar una serie de investigaciones en contra de políticos presuntamente relacionados con la Farc-Política, porque las pruebas que existían en su contra eran ilegales -archivos del computador de “Raúl Reyes”-, fueron los mismos, que permitieron el traslado de interceptaciones ilegales en contra del Álvaro Uribe hace unos días, y que buscarán utilizar en su contra.

Así las cosas, lo preocupante no es que se intercepte ilegalmente -“por error”- a uno de los principales líderes políticos del país, sino que pareciera evidenciarse que las instituciones estatales dejaron de ser aquellos instrumentos que se fundamentaban en el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad, para convertirse en herramientas dedicadas a la persecución y la venganza.

En razón de lo anterior, como sociedad no tenemos un camino distinto al de iniciar un cambio individual, y al mismo tiempo solicitar a este nuevo gobierno que dedique todos sus esfuerzos a renovar la confianza de los colombianos en su Estado, fortalecer la trasparencia institucional porque sin instituciones sólidas y justas, no habrá reforma constitucional o legal que valga.

@SamuelHoyosM