Las primeras declaraciones del presidente y del ministro de Defensa dejan inquietudes sobre la visión estratégica del gobierno respecto a la seguridad que actualmente requiere Colombia. A no ser que nos sintamos satisfechos con el programa policial -que no estrategia- “el que la hace, la paga”.  

Sobre qué hacer con el Eln, fue positivo que en el discurso de posesión Duque se haya dado un plazo de 30 días para decidir, después de escuchar la opinión de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando el proceso de negociación.

También fue positivo el periplo de tres días para mostrar la prioridad que le otorgará a la proyección de seguridad tanto hacia el exterior como hacia el interior del país. En efecto, visitó en primer lugar a San Andrés dejando el mensaje de que ratificar la soberanía nacional sobre el “Archipiélago histórico e indivisible de Colombia”, está en los primeros lugares de las prioridades de gobierno. Luego, visitó el Catatumbo y Tumaco, dándole a la Fuerza Pública que opera en cada región plazos de 100 y 80 días respectivamente para dar “resultados” según los registros de prensa.

Sin embargo, las inquietudes surgen analizando la concreción de su visión sobre el rol de las FF.AA. en la seguridad interior, que quedó plasmada en el discurso pronunciado en la ceremonia de reconocimiento de las tropas al nuevo ministro de Defensa: “les pido a las Fuerzas Militares y de Policía que hoy respondan con resultados al clamor de la ciudadanía. No queremos más ‘Guachos’. No queremos más cabecillas que estén amedrantando la ciudadanía”. Visión esta que fue complementada por el ministro Botero cuando declaró: “vamos a recuperar el ímpetu, la voluntad de lucha, la firmeza y la decisión a la hora de enfrentar a quienes amenazan nuestra sociedad”. Y surge entonces el interrogante de si las capturas y/o bajas de “Guachos” y “cabecillas” será el principal indicador de gestión para evaluar los resultados que esperan de las FF.AA., porque si así fuera estaríamos ante una política de seguridad producto de una insuficiente visión estratégica.

Es de esperar entonces que las líneas de acción de la estrategia (o política) de seguridad del actual gobierno, que, obviamente, no son para divulgar totalmente, se conciban en concordancia con las necesidades de fondo de la seguridad. Y para esto es imperativo responder, entre otros, interrogantes del siguiente cariz:     

¿Cómo no dar marcha atrás en el proceso de pacificación interna que, con sus altibajos, viene realizando el Estado colombiano desde 1982?

¿Cómo re-construir o construir el Estado en la “Colombia profunda”, empezando por las regiones donde más líderes comunales han sido asesinados?

Finalmente, debido a los litigios fronterizos pendientes de solución con los estados latinoamericanos con crisis políticas internas más agudas, gobernados por personajes hostiles hacia el gobierno colombiano y con estrechas relaciones con China y Rusia… ¿Conviene re-organizar y re-entrenar las FF.MM. para que sean un factor disuasivo más creíble? ¿Conviene reajustar el actual dispositivo operacional de las FF.MM?