Desde hace varias semanas, el presidente de la República anticipó que impondría las denominadas “inversiones forzosas”, que poco a poco han venido tomando forma en sus posteriores alocuciones.  En síntesis, se trata de obligar a los bancos comerciales a invertir recursos en determinados sectores de la economía.

Por supuesto, que no se afectan los dineros de los bancos, ni sus utilidades; los bancos son intermediarios financieros; se trata de los dineros del público ahorrador que se depositan en los bancos y que se dejan allí, hasta que el mismo público depositante los reclama.  El propósito de estas inversiones, según el gobierno, es la reactivación de algunos sectores de la economía; la medida consiste en que el sistema financiero, destine recursos que ha captado del público para otorgar créditos en sectores seleccionados por el Gobierno.

El desconcierto además, es que se ha dicho que esos dineros, del ahorro del público depositado en los bancos, en operaciones de corto y largo plazo, pasaría a ser administrado por entidades señaladas por el gobierno, como Bancoldex, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Agrario, para conducirlo hacia los sectores de la producción: industriales, agrarios, de mejoramiento de vivienda e incluso de turismo, porque es lo que, según el gobierno, nos puede reactivar económicamente, además señalando que ya hay antecedentes en el sector agrario.

La medida propuesta levantó polvoreda; para algunos, con una visión más estricta, se ha dicho que se trata de una “expropiación indirecta” del ahorro privado de los colombianos, o al menos una “cuasi expropiación”. Otros, llaman a la calma, advirtiendo que esto existe desde el siglo pasado, que no es una expropiación, pues los ahorros siguen siendo de los depositantes; se trata más bien de dirigir los créditos hacía unos destinatarios específicos y el Estado siempre ha respondido.  Además, debe pasar por el Congreso y allí darse el debate sobre los riesgos que ocasiona y la viabilidad de la iniciativa.

La realidad es que la gente lleva sus ahorros al sector financiero, por la confianza que tiene en el mismo para asegurarlos y gestionar  las inversiones; pero si se trata de  inversiones dirigidas por el gobierno, la confianza no va a ser la misma:  La  pregunta sería ¿quién confiaría sus ahorros en el manejo que pueda darles el gobierno?; esto podría conducir a un verdadero caos en el sector y a que la gente no lleve a allí sus recursos de ahorro por una pérdida de confianza: No es su banco  el que va a decir sobre las inversiones, sino el gobierno, quien no despierta la misma confianza y menos con el despilfarro y la corrupción que ahora lo caracterizan. Se estaría cambiando, el criterio técnico para las colocaciones bancarias, por criterios políticos.  

El gobierno corporativo de las entidades financieras, tendrá que analizar en sus “comités de riesgo”, lo que implican estas inversiones forzosas, donde el banco no tendrá el control e informar de manera relevante a su clientela, los riesgos que pueden correrse con este dirigismo e injerencia gubernamental. Ello no solamente podría afectar que la gente lleve sus ahorros al sistema financiero, secando el sector y aumentando las tasas de interés. Se lograría exactamente lo contrario a una reactivación económica.