250 mil abogados
Especialmente durante los últimos sesenta años de la vida colombiana mantenemos más de cinco temas que han sido denominados recurrentes. Se exponen y denuncian periódicamente pero nunca reciben atención de quienes forman parte de los poderes ejecutivos o legislativos, por ejemplo:
Hace unos seis años, recordábamos en esta columna una impresionante y aleccionadora anécdota escuchada de viva voz al jurista Jaime Vidal Perdomo. En los comienzos de su gobierno, el presidente Guillermo León Valencia (1962-1966), le ofreció la rectoría de la Universidad Nacional al maestro Darío Echandía Olaya, seguramente uno de los prohombres colombianos de la historia nacional. Oportunamente el maestro Echandía visitó al Presidente de la República para explicarle en forma honesta y respetuosa, que no podía aceptarle tan alto cargo porque se le convertiría en un problema nacional, ya que si él llegara a la rectoría de la primera universidad estatal del país, lo primero que haría, sería suprimir o cerrar la facultad de derecho innecesaria para un país ya saturado de abogados.
Debemos suponer que la más elemental de las planeaciones educativas exige que en cada profesión se gradúe el número más aproximado a las necesidades del país y no haya saturaciones que lleven a la competencia desleal y a otros problemas profesionales.
En julio de 2013 apareció publicada en Portafolio una investigación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, según dicho estudio, Colombia ocupaba el segundo lugar entre los países con mayor número de abogados. Teníamos 354.45 profesionales del derecho por cada cien mil habitantes, superando a países como Italia, Brasil, Argentina, España y Portugal.
Hoy, si consideramos que Bogotá tiene unas veintisiete facultades de derecho mientras que en París, la capital de Francia, solamente hay siete de ellas y que en todo el país existen ciento diecisiete facultades de derecho; es muy probable que ya tengamos el primer puesto del mundo entre los países con más abogados. Título absolutamente folclórico e inconveniente.
Cada día sube la cantidad pero, en detrimento de la justicia, cada vez parecen bajar más las calidades intelectuales y éticas de nuestros abogados.
Colombia requiere que, en el derecho, más que en otras carreras, se entre a legislar o a reglamentar la profesión para que cada vez no sea más difícil su ejercicio y el logro de niveles éticos y académicos indispensables.
Excelentes instituciones como el Icetex debieran ayudar a la planeación educativa, no prestándoles dinero a estudiantes de derecho ni sus especializaciones.