¿Hagámonos pasito?
El Gobierno actual hábilmente ha seguido una estrategia diplomática con varios actores con quienes tradicionalmente las relaciones habían sido difíciles. El principio ha sido encontrar puentes que contribuyan en temas que afectan al país. Es el caso de las relaciones con Venezuela y Ecuador, así como las relaciones con las altas cortes de la justicia. Esta estrategia ha tenido réditos inmediatos y ha generado una sensación de superación de tensiones, que ha contribuido económicamente y en el diálogo de Estado.
Sin embargo, la estrategia puede tener límites, aun en materia de relaciones exteriores. La puntual relación con Venezuela puede afectarse de comprobarse que sigue existiendo algún tipo de relación de dicho gobierno con la guerrilla colombiana, como algunos han afirmado. Y en el caso de las relaciones con la justicia estamos viendo que la cosa no es tan sencilla y que tanta negociación puede llevarnos a que la Reforma a la Justicia no sea la esperada.
La crisis de la Justicia en Colombia es de dimensiones inimaginables. Como muchos señalan: demora en sus decisiones, politización del aparato judicial y de las decisiones de nominación, pérdida de la tradicional majestad, beneficios económicos excesivamente generosos, sindicalización de una parte de la rama, aparentes casos de corrupción, inseguridad jurídica, desorden administrativo, injusticia en algunas de las decisiones tomadas, choque de trenes, prepotencia en las decisiones y sensación de omnipotencia en otras, entre algunos temas.
Esa crisis requiere de soluciones que gústenos o no, es imposible dejen contentas a todas las partes, y en esto tanta negociación no es el camino. Aquí es donde debiese gastarse cierto capital político y tratar de lograr una salida que pudiendo generar cierta desaprobación, sea al final una reforma que beneficie al país en el largo plazo.
Lo que vamos viendo del tránsito de la reforma tristemente no va en esta dirección. Seguimos con las facultades de elección en las cortes que han politizado el sistema, persiste la idea de que la Corte Suprema asuma las dos instancias en el juicio a congresistas cuando hemos visto que se hace indispensable para hacer realmente justicia que exista una doble instancia que no sea de mentiras, situación que perpetúa la sensación de amordazamiento en el Congreso de la República y que hará muy tortuoso el debate de la propia reforma; se insiste en una sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (que sobrevive increíblemente) cuando está claro que la gerencia de la rama debiese ser algo totalmente distinto; y me temo que los choques de trenes continuarán. Eso sí, el presupuesto de burocracia e ineficiencia de la rama se multiplica por dos, la edad de retiro forzoso se aumenta y hábilmente los jueces cambian a sus jueces de la Comisión de Acusaciones por otros seguramente buenos amigos de viejas lides judiciales.
Lo que estamos presenciando es pues un “hagámonos pasito” con la Rama Judicial para seguir con lo mismo o quizás algo peor.