“Mis indicios sobre determinadores de crimen contra la humanidad”

Álvaro Gómez

¿Quiénes determinaron el asesinato?

Jamás,  a lo largo de 19 años, me he pronunciado públicamente acerca de las sospechas que pueda yo tener acerca de los determinadores del delito de lesa humanidad que acabó con la vida del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Tuve el privilegio de ser durante los últimos 15 años de su vida una de sus personas más cercanas. En Colombia o fuera de ella mantuvimos cada semana, infaltablemente, el hilo de un diálogo que buscaba encontrar el sentido a multitud de problemas públicos. Para quien se precia de buena formación académica, puedo decir en perspectiva que fue mi profesor esencial. Me enseñó a escribir, a razonar, a disentir, pero ante todo a entender que los unanimismos y cheques en blanco de apoyo a los gobiernos son el veneno de la democracia.

En 1995 vino el escándalo que conmovería hasta las raíces a la sociedad colombiana: las revelaciones y evidencias de que a la campaña del presidente Ernesto Samper habían ingresado dineros provenientes de un grupo de narcotraficantes. No olvido este detalle: me encontraba en La Haya cumpliendo deberes en la Academia de Derecho Internacional que funciona contigua a la sede de la Corte Internacional de Justicia.  Una mañana del mes de agosto, al ingresar, una de las secretarias me informó que me llamaban con urgencia de la casa de mis padres en Bogotá. Me comuniqué y mi madre me indicó que Álvaro Gómez me necesitaba con premura.

Nos contactamos de inmediato y me dijo (muy reciente la conversación, el día de su muerte, dos meses después, anoté sus palabras): “Mira, necesito que me ayudes con esto. Tenemos la extradición prohibida pero hay que buscar la forma de entregar a una gente a la justicia gringa. Tu manejas toda esa historia del derecho internacional (él fue siempre escéptico de su eficacia como resultado de la Guerra Fría) pero  ¿podríamos encontrar una fórmula basada en algún tratado o principio de derecho internacional que nos imponga el deber de extraditarla? Yo le dije que tenía ya programado estar en Bogotá la semana siguiente, empezaría a estudiar las posibilidades y conversaríamos.

Esto hicimos. Le entregué un  memorando de cinco páginas, cuya copia guardo, donde presento una posibilidad. La discutimos. Nos volvimos a encontrar dos veces, una de ellas en compañía del asesinado general Fernando Landazábal y algunas personas, todas ellas con prominencia nacional.  Nos concentramos en el examen jurídico. La última vez le pregunté: el problema doctor Gómez es ¿quién hace la extradición? Me respondió: a Samper vamos a decírselo, va a tener que hacerlo sin dilación y será su deber como Presidente.

Una semana después cayó asesinado. Posteriormente yo recibí amenazas muy serias contra mi vida. El fiscal Alfonso Valdivieso fue advertido y el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional, determinó protección a la que se sumó adicional de origen propio. La situación continuó hasta mi partida del país como funcionario de la ONU.

Enrique Gómez Martínez, jurista hábil y agudo, que siempre me evoca a su abuelo Laureano -el de mejor vena política entre sus nietos, así no haya participado en ella- dio ayer una entrevista valerosa para este periódico.

Suscribo todo lo que afirma.

Nunca me ha llamado un Fiscal a declarar como a pocos de su círculo íntimo. ¿Qué es lo que no quieren oír? Pues los nombres que no quiere oír este Fiscal que padece el país. Discrepo de Enrique en su sospecha sobre Ernesto Samper. Pero mis indicios sí apuntan fundada y directamente sobre un funcionario quien, cínico y desvergonzado, sigue en las suyas: congresista, gobernador, candidato y embajador. Y hay otro, adalid de la pulcritud pública hoy. No he abrigado duda alguna sobre esto en 19 años.