JUAN DANIEL JARAMILLO ORTIZ | El Nuevo Siglo
Lunes, 28 de Diciembre de 2015

CONCONCRETO Y ORTIZ

Petro y nuestros valores

“Debemos decir adiós amable al odio”

 

EL alcalde saliente de Bogotá, Gustavo Petro, decidió objetar el nombramiento del urbanista Andrés Ortiz Gómez como nuevo secretario de Planeación del Distrito. Un parentesco de afinidad de Ortiz con uno de los directivos de la empresa Conconcreto hace predecir para Petro que la sabana de Bogotá terminará –por esta específica razón-  siendo urbanizada.

La ley de difamación como parte del derecho civil ha tenido desarrollos fundamentales en el mundo anglo-sajón, especialmente en EE.UU. y el Reino Unido. Nadie tiene derecho a esparcir mentiras, falsedades o insinuaciones públicas que tengan la virtualidad de dañar la reputación de otra persona o de una empresa.  Cortes británicas y estadounidenses ordenan el pago de millones de dólares y libras esterlinas cada año con el fin de reparar el daño causado por frases no simplemente irresponsables, sino dañadas.

Como la puesta a circular por Petro vía twitter, cuya implicación es bien grave: la alcaldía de Enrique Peñalosa está lista a infringir la ley y entregar a una sociedad que delinque los planes de expansión urbana con el fin de que se lucre indebidamente. El alcalde saliente pisotea también valores éticos esenciales que deben presumirse en funcionamiento, tanto en su gestión como la de quien lo sucede. Y pisotea también en forma grave los valores éticos corporativos de una persona jurídica integra y eficiente.

Gustavo Petro no tiene por qué saberlo. El análisis sereno y sistemático de los temas nunca fue su fuerte. Cuando una comisión de expertos de la Unión Europea recibió el encargo de encontrar los valores básicos [core] del sector privado, se halló que eran rentabilidad, competitividad, servicio, innovación, sostenibilidad, integridad y responsabilidad social. Los del sector público estaban en altruismo, integridad, objetividad y responsabilidad [accountability]. Y se probaron también en ejercicio tres valores comunes público/privados: eficiencia, honestidad y experticia.

 

También se encontró el énfasis progresivo del sector privado en acoger voluntariamente los principios de responsabilidad social. Colombia no es ajena a estas tendencias. El sector público muestra deficiencias patentes en la proyección de valores que se refunden, una y otra vez, en la gestión del Estado. Pero el sector privado colombiano constituye, en términos generales,  un éxito regional e internacional en la propulsión de principios corporativos. Un ejemplo es Conconcreto cuyos emblemas son rentabilidad y sostenibilidad como también ética y transparencia en acción, lejos de formulismos retóricos.

Petro tiene plena libertad para profesar su evangelio socialista pero no para difamar a un profesional limpio y brillante y, de paso, una empresa exitosa y transparente. Gobierno y Congreso deberían impulsar más estrictas leyes anti-difamación. Pero si no lo hacen aquí tiene un desafío importante la Corte Constitucional que empieza a renovarse con juristas informados y progresistas, ellos si lo son.  El ejercicio público en Colombia se viene convirtiendo en un carnaval de asesinatos de personalidad, el manido character assasination que busca destruir reputación y credibilidad. Exactamente lo que ha hecho el alcalde saliente Gustavo Petro y en otras latitudes se castiga con el más alto costo económico para quien lo prodiga.

Mientras tanto Conconcreto seguirá y también el nuevo secretario Andrés Ortiz. Porque representan los valores nuestros, reflejos de sus correspondientes universales, en contra amable y tranquila del odio que no queremos más los colombianos.

Había olvidado lo que es Bogotá y su Sabana maravillosa en estos días de Navidad: su brillo celeste diurno y nocturno y la pureza de la atmósfera. Desde los valles de Sopó, Subachoque, Tabio y Tenjo hasta Suesca y Nemocón se advierte en la lejanía la vegetación densa y rocas legendarias de sus cerros. Como la Peña de Juaica. Y Bogotá parece desarmarse de agresividad como preludio del cambio que se inicia el 1 de enero.