La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos le quitó la visa a dos magistrados de las altas cortes. Inmediatamente, jueces, políticos y periodistas, salieron a decir que se trataba de una presión indebida a la justicia colombiana por parte de la potencia norteamericana. Calificaron el hecho como una grave violación a nuestra soberanía, una intromisión indebida de un gobierno extranjero en una decisión de política interna. Según los propios magistrados, y varios de sus colegas, con la decisión buscan presionarlos para que fallen a favor de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP y den vía libre a la extradición.

Aun no es claro si efectivamente se trata de una presión política para que los magistrados no acaben con la extradición, o si existen otras razones para impedirles ingresar a Estados Unidos. En cualquier caso, lo cierto es que cada país es soberano a la hora de decidir a quién le permite entrar a su territorio y a quién no. Washington está en todo su derecho de defender, a través de mecanismos legítimos, sus intereses. Y la extradición, al ser una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico, es un asunto de primer orden para los dos países.

Estados Unidos está en todo su derecho de no compartir decisiones de la justicia colombiana que afectan sus intereses, así como los jueces colombianos están en todo su derecho de fallar como les dicte su conciencia en el marco de la ley, aun cuando a los gringos no les gusten sus decisiones. Pero sorprende ver a los “antiimperialistas” preocupados porque dos magistrados no podrán volver a Miami.

Resulta absurdo que pretendan un pronunciamiento oficial, por parte del Gobierno de Colombia, frente a una decisión libre y legitima de otro país. Esto no se trata de un conflicto entre las dos naciones, ni puede asumirse como una agresión hacia Colombia. No tiene porque interceder el Gobierno, y mal haría en hacerlo, eso sería comprar un problema que no le corresponde, volver un asunto de Estado el problema de dos personas.

No se está presionando a la justicia cuando a un juez le quitan la visa, no lo invitan a una fiesta o lo expulsan de un club social. Los magistrados tienen que seguir administrando justicia, con o sin visa, eso no tiene por qué afectar las decisiones que deben tomar en derecho, si realmente son independientes. Es vergonzoso el show que han montado, amenazando al país con “dejar de emitir sentencias” a raíz de la decisión.

Cuando Barack Obama envió a Bernard Aronson a aplaudir todo el acuerdo de paz con las Farc, no les pareció una intromisión indebida en un asunto interno, ni cuando los noruegos le regalaron (o vendieron) el premio Nobel a Juan Manuel Santos para que pudiera desconocer el resultado del plebiscito. Y ahora que la administración Trump plantea unas preocupaciones legítimas frente a la lucha contra el narcotráfico, les parece una presión inaceptable del “imperialismo yankee”.

@SamuelHoyosM