Muy probablemente, la tarea del nuevo gobierno se  habrá de iniciar con la presentación al Congreso de un conjunto -ojalá coherente y sólido- de iniciativas, unas de reforma constitucional, otras de carácter puramente legislativo, en los más diversos campos: sobre justicia, sobre paz, sobre erradicación de cultivos ilícitos, sobre lucha contra el narcotráfico, el micro tráfico y la corrupción. En materia económica, social y laboral, así como en el caótico sistema de salud y seguridad social, quiera Dios que los proyectos se orienten a la reivindicación de los trabajadores, de los desempleados, de las clases menos favorecidas y de las regiones del territorio que hoy se encuentran abandonadas. Y es de esperar que el Presidente no haga caso de quienes proponen hacer más gravosas las condiciones de los colombianos para pensionarse, con ideas tan antisociales como incrementar la edad o los niveles de cotización.

Es necesario introducir una muy seria reforma tributaria, que alivie la insoportable carga fiscal de las empresas y de la clase media, y buscar la realización de mandatos constitucionales como el estatuto del trabajo, y otras propias del Estado Social de Derecho.  

Ahora bien, la oposición y los partidos independientes, y en general  los miembros del Congreso, no se quedarán atrás y es seguro que también harán uso de la iniciativa que constitucionalmente corresponde a los congresistas. Inclusive los senadores y representantes del partido Farc tienen la facultad constitucional de elaborar y presentar proyectos de ley y de acto legislativo.

Las altas corporaciones judiciales gozan igualmente de iniciativa, en asuntos relacionados con sus funciones, y lo propio puede decirse del Fiscal, del Procurador, del Contralor, del  Consejo Nacional Electoral, del Defensor del Pueblo, todos los cuales gozan de la misma facultad y quizá estén pensando en hacer uso de ella para formular iniciativas atinentes a la actividad y funciones de sus despachos.

Añádase a lo dicho que está próxima la llamada “Consulta anticorrupción”, cuyas preguntas -de ser votadas positivamente- deberían conducir a la adopción de normas, unas de orden constitucional -como la referente a la disminución salarial de congresistas y de otros funcionarios-, y otras de nivel legislativo -como las relativas a la contratación estatal-. Además, hay en curso la recolección de firmas para una iniciativa popular de referendo sobre derogatoria de los actos legislativos que desarrollaron el Acuerdo de Paz, y el Presidente de la República ha anunciado otro referendo con miras a establecer la pena de cadena perpetua para asesinos y violadores de niños.

En fin, todo indica que el nuevo Congreso tendrá mucho trabajo, y lo que se espera es que adelante su labor con responsabilidad e independencia.

A medida que se conozcan los textos de los proyectos, la opinión pública debe enterarse sobre sus contenidos y repercusiones, y tanto la Academia como los medios de comunicación debemos propiciar el debate, el análisis y la crítica.

Lo ideal sería no engrosar sin necesidad  el ya voluminoso, desordenado, incoherente e incumplido sistema normativo. Sería bueno racionalizar la agenda que cada uno de quienes gozan de iniciativa lleve al Congreso, de modo que, en vez de un gran número de disposiciones aprobadas, se piense en un orden jurídico más justo, estable y razonable.