Los indígenas de Colombia han pasado a convertirse, de parte humana del paisaje, a ciudadanos de primera categoría, privilegiados y bien consentidos. Tienen corona de plumas. Nuestra Constitución Política, al indicar que el Senado de la República estará integrado por cien miembros, señala que habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas.

Y dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, pero tiene una talanquera que, obviamente, no cumplen: “siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”; y les inventó unas Provincias a los territorios indígenas, pertenecientes a un mismo departamento y se les dio poder, con funciones como diseñar las políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, y colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio… como lo han hecho en la carretera Panamericana estos días; y la OIT, en su Convenio 169, establece la obligación de priorizar en los planes de desarrollo el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

Bien es sabido que estamos regidos por una Constitución garantista pero, como ocurrió con los estudiantes y ahora con los aborígenes, ella se torna alcahueta y en aras de proteger a los intocables, las fuerzas armadas han perdido la facultad de ejercer la potestad legítima del Estado para contener el caos y reprimir las acciones desbordadas de quienes anhelan tumbar al presidente de la República – y aún asesinarlo, según la Fiscalía- estando infiltrados por las disidencias de las Farc y por los resucitados del Eln, por sus milicias urbanas y rurales, por narcotraficantes, que están en la jugada, y hasta por políticos inescrupulosos de izquierda, que buscan pescar en río revuelto, como cuando el senador Petro Ferragamo se junta con mingueros y mingueras que a duras penas calzan botas pantaneras marca Grulla.

Está bien que seamos un Estado social de derecho, participativo y pluralista, y que la soberanía resida exclusivamente en el pueblo, pero tales fundamentos no pueden desactivar los diques de contención que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y ese pueblo levantado no se puede arrogar el derecho de atropellar impunemente a las autoridades legítimamente constituidas. Y debe recordarse que el derecho a reunirse y manifestarse públicamente, tiene una condición: que sea pacífico y como el llamado Acuerdo Final privilegia la movilización social como “ejercicio legítimo”, en desarrollo del mismo y de su malicia indígena, a ellos les da, cada rato, por tapar nuestras vías arterias con bombas, palos y piedras para impedir la libre circulación de la democracia.

Post-it. El evangelio del doMINGO pasado decía: “quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y los de la Minga, todos, se echaron a perder con sus botines. En el próximo Plan Nacional de Desarrollo, luego del articulito que les concede a los indígenas los 10 billones, debe insertarse un Parágrafo: en caso de protestas violentas o vías de hecho instigadas por sus dirigentes, los daños y perjuicios que ocasionaren las mingas serán descontados del valor antedicho, para reparar a sus víctimas.