En medio del creciente desconcierto que ha generado la mentada paz total con el exponencial crecimiento de las acciones militares y masacres y el consiguiente poder territorial de los distintos grupos armados ilegales, se pensó ingenuamente que la toma del Plateado por las fuerzas militares, en ejercicio conjunto, implicaba retomar la estrategia de garrote que fortaleciera la seguridad y favoreciera negociaciones que languidecían al ritmo impuesto por los delincuentes en las más de 9 mesas instaladas  a las volandas y sin mayores consideraciones estratégicas.

Por el contrario, el gobierno, no solo redujo en más de 20.000 los efectivos de las fuerzas, tarea que acompañó con la devolución por el ministro de defensa de más de 800.000 millones de pesos de su presupuesto, sino que procedió a desmantelar los comandos conjuntos de excelentes resultados, con lo que aceleró la desarticulación de las estrategias de seguridad e inteligencia con las que se afectaron sensiblemente las capacidades de planeación y operacionales de las Fuerzas Militares.

El presidente y su ministro de Defensa parecen no haber entendido que están obligados, si pretenden resultados favorables, a actuar en medio del enfrentamiento armado y tener como principal objetivo la recuperación del control territorial. Ajenos a cualquier consideración estratégica a largo plazo que permita nuevas lecturas políticas y los ajustes consiguientes en las acciones militares, han optado por mantener los ceses al fuego con cada organización convocada a mesa de dialogo, y a abstenerse de cualquier intervención en los enfrentamientos entre las distintas organizaciones criminales por las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el dominio territorial, sin importarles los confinamientos y desplazamientos a las que los criminales someten a las comunidades indefensas.

A nadie extraña entonces las actitudes despreciativas del Eln, o la suficiencia de alias Mordisco, o la concesión de la tarea de gestores de paz a quienes a ciencia y paciencia de la Fiscalía delinquen en libertad sin que se conozcan sus aportes a la tranquilidad de los colombianos. El resultado perverso se ha venido traduciendo en la aparición de nuevas estructuras de los diferentes grupos armados organizados, que se confrontan por el control territorial y por los negocios del narcotráfico en plena libertad, y además usufructuarios de las gabelas que desde las autoridades se les conceden.

Más grave aún resulta la continua rogatoria al Eln, que se considera a sí misma como una organización de carácter binacional, que recibe protección del régimen de Maduro, para que se decida a aceptar todas las concesiones que se le han propuesto y que implicarían una Reforma Constitucional que abarcaría el sistema económico, hipótesis que no deja de entusiasmar por igual al Clan del Golfo y a la Nueva Marquetalia, y que increíblemente no han suscitado las inquietudes que merece en las fuerzas políticas y en la propia opinión de los colombianos.

Alcanzar la paz, sumidos en esos escenarios, resulta una meta lejana para el gobierno de Petro, como se comprobó después de que la delegación del gobierno nacional y la delegación del Eln se reunieran en Caracas para discutir la situación de la Mesa de Diálogo en búsqueda de salidas a una solución pacífica entre las partes, que terminó en el anuncio de un paro armado indefinido en el Chocó, con el argumento de que la Armada Nacional patrullaba en el Chocó con lanchas artilladas y Buque de Guerra.

Llegó la hora de desprenderse de la narrativa que nos han impuesto los progresistas, atinentes al conflicto armado que tantos réditos procura a los inveterados “pazólogos”, que abundan y se lucran con las negociaciones intemporales. No se puede seguir hablando de conflicto armado para justificar negociaciones cuando el narcotráfico no es un delito político, sino el combustible de la violencia y el instrumento para crecer en riqueza, en poder y control territorial que son los que blindan hoy el lucrativo negocio. 

Entenderlo puede ser la causa eficiente de la paz definitiva.