De tiempo atrás hemos sostenido la necesidad de realizar una reforma de fondo a la administración de justicia en el Estado colombiano, convencidos de que el diseño de esta rama del poder público no quedó de la mejor manera en la Constitución del 91.

Desde la adjudicación de funciones electorales que permearon de afanes políticos a algunos magistrados;  pasando por la atomización del poder judicial que ya va en cinco altas cortes; siguiendo con un sistema de elección de magistrados que no propugna porque lleguen y se mantengan los mejores; una Fiscalía cuyo diseño tiende a politizarse y a amangualarse con el Gobierno de turno; un diseño del poder del Estado, que permite a los altos funcionarios incidir en los nombramientos de magistrados; una falta de política de Estado tendiente a incrementar el acceso a la justicia para todos los colombianos, entre muchas otras reformas que se hacen urgentes al sistema.

La respuesta a esta necesidad imperiosa, que es reclamada en todos los círculos académicos y hasta políticos, se ve totalmente frustrada por una reforma que se ha venido tramitando debajo de la mesa, gracias a los tiempos de pandemia y que es una verdadera “chapuza” frente a lo que se necesita, con una concentración de asuntos que, además de no requerirse, ponen en peligro la estabilidad y la ya deteriorada imagen de la rama.

Preguntémonos algunas cosas que emergen de la tramitada reforma que se encuentra a un debate de ser aprobada ¿Para qué le sirve a la justicia que se amplíen los requisitos para ser magistrado o Fiscal General, a personas que no cumplen con la experiencia judicial que actualmente se requiere?  La proyectada reforma libera de estos requisitos y permite acreditar las competencias, con profesiones distintas al derecho. Definitivamente es un favor que se le está haciendo a algún interesado en particular y que nada tiene que ver con la buena administración de justicia.

En tiempos de crisis como la actual, nos preguntamos ¿En qué ayuda a la justicia aumentar en las Cortes el número de magistrados? ¿Por qué en USA nunca los han aumentado y son los mismos nueve en la Corte Suprema desde hace más de un siglo? En el pasado hemos visto ejemplos de cómo se descongestiona una Sala sin necesidad de nuevos cargos.   Además ¿En qué beneficia a Colombia que se ponga en cada población un Defensor del Pueblo? ¿Acaso no tienen un Personero Municipal que cumple algunas funciones que pueden robustecerse?

A todo esto le agregamos los cientos de puestos que se van a crear en la Procuraduría, que además son para “torcer el pescuezo” a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a pasar los delegados a tener funciones jurisdiccionales, es decir, a ser jueces de la República, con grave incremento de la burocracia política de este país.

Cabe preguntarnos ¿Qué va a pensar el pueblo colombiano sobre sus dirigentes, que ante semejante crisis social responden creando más burocracia para repartirse el ponqué político? Con razón la mala imagen de la justicia, bien ganada la tiene, con los dirigentes políticos que la diseñan.