Estamos asistiendo a diario al descalabro nacional en casi en todo lo que tiene que ver con el orden y la libertad que reclaman un país civilizado. No se trata del retorno a la barbarie como en Europa o en otros países civilizados, sino de la destrucción generalizada. Aquí tenemos una suerte de talibanes -cuyo credo es el dinero- instalados en el poder y se mueven ágiles en el manejo de las finanzas nacionales, con miras a llenar sus alforjas. Las denuncias contra estos funcionarios llueven por todo lado y las investigaciones se dilatan, los escándalos siguen, los periodistas se quejan, las redes sociales increpan y no pasa nada. Ahora que prohibieron las bolsas plásticas en las que familiares, amigos y funcionarios del jefe del Estado transportan el dinero ilegal, veremos cómo se las ingenian para moverlo.

Lo cierto es que los informes de corrupción de antes y durante el actual gobierno, en ocasiones, parecen sacados de una grotesca pesadilla, donde los burócratas en el poder intentan o deslizan sus garras abusivas en el tesoro público. Cómo es eso de un avión oficial que parte de Colombia y transporta unos pasajeros que llevan ocho millones de dólares, cuya misión es comprar un equipo de espionaje. Sin que se sepa cuál es la comisión y, aparentemente, no existan recibos ni contratos de ningún tipo sobre esa “operación”. Comentan los expertos que ese manto de silencio se extiende a otras compras oficiales estratégicas.

Desde que asumió el nuevo gobierno anarco-socialista se multiplican los escándalos de supuesta corrupción. Las denuncias de los implicados, ya sean familiares, amigos o funcionarios públicos, llueven por todas partes y los medios y las redes sociales las repiten sin descanso. No quiere esto decir que todos los denunciados sean culpables, existen pequeñas células y equipos de la misma corrupción que compiten con otros, los cuales lanzan acusaciones contra el vecino para ganarles de mano o desconcertar la opinión. Lo cierto es que, en los distintos casos, las gentes ya están acostumbradas a que casi a diario se registra un escándalo de corrupción, de violencia y barbarie degradante en el país.

Las mismas publicaciones que informan de la corrupción se ven a gatas para explicar la degradación general. Por un lado, los que manejan fondos públicos están en la primera línea de los sospechosos, desde la cúspide del poder. Desde luego, no todos son corruptos. Más la impresión general es que la tentación es muy grande, dado que la impunidad e inoperancia de la justicia en Colombia, según las cuentas de un respetable magistrado de la honorable Corte Suprema de Justicia, superan el 90% en el país. Esto en un país donde la burocracia judicial, con la existencia de varias cortes, de la Fiscalía y de otras instituciones ligadas al manejo o supervisión de los fondos públicos es de las más numerosas del mundo. Aquí algunos magistrados cuentan con tantos auxiliares, que la responsabilidad se diluye. 

En fin, el magistrado Diego Corredor, ha puesto el dedo en la llaga de la enfermedad que aqueja el sistema judicial. La sociedad debe apoyarlo, es preciso restablecer la operatividad y transparencia del sistema judicial, dado que gran parte de la violencia y el crimen en el país se explican por la inoperancia y morosidad oficial, para no entrar en detalles sobre el desborde de la corrupción. El magistrado sostiene que la justicia periclita “por las graves dilaciones que atentan contra el sentido mismo de justicia y conducen a que deben decretarse libertades por vencimiento de términos, y, en casos extremos, a generar la prescripción de la acción penal”. Esto se aplica a otras ramas del poder y tienen que ver con la grave crisis que padece el Estado colombiano. El régimen político que heredamos de la Carta de 1991 hace agua.

Lo anterior es más grave, en cuanto el Congreso debería estar produciendo las leyes y las reformas que requiere el sistema. Lo que no ocurre, ya que los juiciosos y valientes parlamentarios que hacen denuncias y firme oposición están cercados por la inoperancia de la institución y el predominio a pupitazo del poder ejecutivo. Unos piden Constituyente, otros la cabeza del gobernante, algunos más reformas. Mientras, la crisis del Estado se agrava.