Cuando se dice que el presupuesto nacional esta desfasado en 14 billones de pesos, los ciudadanos comunes y corrientes no entendemos cómo puede llegarse a semejante desbarajuste presupuestal. Esto significa que los ingresos que se obtienen por los recaudos de impuestos de las pocas empresas productivas que le quedan al Estado, no son suficientes para pagar la cuenta del estado por su funcionamiento y atención de los servicios públicos.

Pero lo que más llama la atención, es que, además de que esto se convirtió en un problema sistemático de la hacienda pública colombiana, las soluciones se concretan a una reforma tributaria para ampliar los ingresos por impuestos; reformas que antes eran a lo sumo decenales y ahora son prácticamente anuales.    Impuesto al patrimonio, a las transacciones financieras, bonos de paz, extensión de la base del IVA, aumentos de los puntos del IVA y del impuesto de renta, etc.   Ya ahora proponen, gravamen a la canasta familiar, impuesto a las pensiones y ampliar la base contributiva castigando duramente a la clase media colombiana, que ya  dedica varios meses de su trabajo en el año, a pagar  altos impuestos prediales, locales y nacionales,  por un bienestar que no recibe; comenzando por la seguridad, la salud y la educación. 

Nuestro país se ha convertido en un Estado totalmente alcabalero; es la conclusión que ofrecen los últimos que lo han manejado.  Eso no es conveniente; así es como se socaban las democracias, pues  con la población inconforme, se le abre el camino a cualquier clase de cambio,  cuando se ofrezcan diferentes soluciones.

A los ciudadanos les gustaría ver un Estado más eficiente en el recaudo de impuestos;  un control efectivo a la evasión; menos derroche público;  pero además un clara política de reducción de la cuenta del Estado en lo que tiene que ver con la burocracia y estructura de la administración pública, que ha crecido en forma progresiva y exagerada.  Hay más asesores que ministros y los programas sociales,  muchos necesarios, pero otros solo convenientes para  el  fortín político.   

La llamada ley de Financiamiento que acaba de presentarse deja mucho que pensar. No pareciera conveniente castigar a la  población con un IVA a los productos básicos de la alimentación;  el pretexto de que se les devolverá a los más necesitados no se entiende;   si se le va a devolver, para que se les cobra, es lo que la gente se pregunta.   El 70% de los asalariados gana un mínimo en Colombia y afectarlos con doscientos mil pesos menos es muy grave para su precaria economía doméstica.

Suponer que quién obtiene ingresos de más de cuatro millones de pesos es rico, es otra desfachatez de la reforma propuesta y gravar las pensiones de quienes estaban esperando que les redujera el aporte a salud,  es irse contra los derechos fundamentales de quienes ya cumplieron con sus tareas en la sociedad y efectuaron  sus aportes a un sistema esperando una vejez tranquila y  condenarlos a restricciones,  en una edad que ya no es productiva. Vaya manera de estimular el ahorro pensional de los jóvenes actuales, anunciando que se les gravará su rendimiento  en el 37%.

Así las cosas,  vaticinamos un funesto desenlace con esta manera de solucionar el cacaraqueado desajuste presupuestal.       .