Los ciudadanos no podemos perder la oportunidad de llamar la atención de candidatos y asesores en esta época de campaña, para lograr su compromiso futuro con la seguridad ciudadana, tan golpeada y maltratada en estos tiempos de pospandemia y migración vecina. Sabemos que son variados los factores que componen el tema, pero en esta oportunidad queremos analizar un aspecto, a nuestro parecer, sumamente importante y algo difícil de direccionar, pues está rodeado por un sin número de situaciones que generan sentimientos de frustración o incomodidad.

Hablamos de la denuncia, una diligencia irremplazable para iniciar la investigación por hechos delictivos, que de acuerdo a la ley lleva una serie de protocolos engorrosos y desgastantes, convirtiendo el formalismo en un verdadero viacrucis para las víctimas. La idea es recomendar a las autoridades simplificar y flexibilizar todo el procedimiento y aunque entendemos que mucho se ha adelantado sobre el asunto con el apoyo de la tecnología que reduce el trámite, en innumerables oportunidades, las víctimas no tienen la capacidad, los conocimientos ni medios para soportarse en estos medios. Así, deben recurrir a la presentación personal ante las autoridades judiciales, exponiendo la respectiva denuncia, lo que les demanda tiempo y alteración en sus actividades personales o laborales, con nefastas consecuencias y desgaste personal. Es por ello que toman el camino más fácil que es renunciar a hacer la denuncia y asumir el costo, viviendo la frustración de no lograr una pronta y eficiente justicia. Este estado de cosas se refleja en el bajo número de denuncias con la lógica alteración de la estadística.

Sabemos que la colaboración ciudadana con las autoridades, en la lucha contra la delincuencia es primordial y que la denuncia hace parte integral de esa colaboración, pero si el conglomerado no cuenta con la orientación y facilidad para actuar en ese sentido, siempre tendremos el mismo resultado. Por lo tanto, una de las tareas sobre seguridad en las diferentes campañas debe ir dirigida a este aspecto tan importante.

Urge un estudio adelantado por los expertos en la materia que recomiende al  futuro gobernante un abanico de estrategias para agilizar esta diligencia, por  ejemplo, multiplicar los lugares de recepción, con cubrimiento en todo el perímetro de cada ciudad o municipio, aumentar el número de funcionarios responsables de su diligenciamiento -porque existe déficit en determinados lugares-, además de simplificar la redacción del contenido, evitando generar tramites o aportes de constancia y preexistencia de  elementos, parte del incidente.

Estas recomendaciones, fruto de un análisis y observaciones estadísticas, entendemos deben ajustarse a determinados lugares, días y horarios. Si a lo anterior le súmanos una capacitación especial a los miembros de la fuerza pública y la ciudadanía que les permita orientar y asesorar a las víctimas en el procedimiento, tendremos un resultado positivo.