Ingenuamente creíamos los colombianos que el DAS, había desaparecido. Se liquidó hace algunos gobiernos por el desprestigio que acuñó a causa de la desviación de sus finalidades institucionales, ya que se había vuelto el instrumento de inteligencia, para espiar la oposición, periodistas y hasta magistrados, por fuera de lo legal. Su desprestigió lo desapareció y creíamos que las cosas volvían a su cauce natural y constitucional.

Resulta que lo que sucedió en realidad fue que paso a la clandestinidad, siguió la función de espionaje bajo la excusa de la seguridad presidencial. En una oficina del piso 13 del edificio de la Dian se realizan las mismas funciones por las cuales  fue necesario liquidar el DAS, pero peor aún, sin controles.

Antes, al frente al director del DAS había un control político, podía ser llamado al Congreso; ahora se camufla en la Policía y no tiene responsabilidades, no se sabe quién ejerce esas distorsionadas funciones y quién responde por ellas.

Pareciera, según los últimos escándalos, que dichas actividades del piso 13 de la Dian están a cargo del Jefe de Seguridad de Palacio y esté, a su vez, responde ante la Jefa de Gabinete de la Presidencia. El peor de los escenarios, como acaba de demostrarse con los hechos recientes, una persona sin experiencia, con unas competencias como las de la Gestapo o de la CIA, sin control alguno.

A  propósito, eso de Jefe de Gabinete, figura repulsiva recientemente creada por los últimos gobiernos, al parecer para satisfacer algunos egos que no encontraban dignos de su talante, ser nombrados Secretarios o Ministros, es un engendro inconstitucional; establece una barrera antidemocrática entre el Presidente y sus Ministros, lo releva de su obligación de tener un contacto directo con ellos para poner una indeseable labor de intermediación, con una figura súper poderosa no consagrada en la Constitución.

Para la muestra un botón de hasta dónde puede llegar la arbitrariedad: las recientes chuzadas en el caso del “Sarabiagate” son un ejemplo claro de la inconveniencia de esta figura que aproxima el régimen a uno despótico.

Lo más recomendable sería volver y quedarnos solo en el director del Dapre y Secretario General de la Presidencia, como había sido siempre y no generaba dificultades. Se convirtió la Presidencia de la República en un organismo lleno de burocracia, de escoltas, labores de inteligencia y  superministros, sin control político por el Congreso.

Si ha todo esto le sumamos los frecuentes choques que se vienen presentando entre el las ramas del poder público, Presidente  y Altas Cortes; con el Fiscal General, que a pesar de su  excesivo activismo que a veces raya con lo político tiene competencia para inspeccionar en sus investigaciones; con la Procuraduría que si bien no estamos de acuerdo con sus funciones jurisdiccionales, en este momento las tiene y hay que respetarlas, pues nos encontramos en un Estado de Derecho.

Habría que concluir en este análisis institucional del momento, que no es que se esté presentando un “golpe de estado blando”, como ha dicho el Presidente para justificar acudir al pueblo a defender sus políticas. Estamos más bien en una “dicta blanda”, parafraseando al antiguo dictador de Panamá.