Nuestro vecino no deja de sembrar perplejidades. Venezuela presenta una dicotomía institucional. Las instituciones que apoyan al Gobierno que se encuentran en Venezuela y las de la oposición que están por fuera.  Hay Tribunal Supremo en Venezuela, que fue elegido de carreras antes que la Asamblea gobiernista terminara sus funciones y el desplazado que funciona en el exilio; miembros de la usurpada Asamblea Nacional, que también sesionan en el exilio, cuyas funciones fueron asumidas por una Asamblea Constituyente, que hace de todo menos constitución.

Claramente se observa que la razón de ser de esta distinguida cortesana, no era otra que darle un golpe de gracia a la Asamblea Nacional que había obtenido mayoría de diputados de la oposición. Además, hay dos fiscalías, una en Miami, y otra en Venezuela.

Hace algunos días sorprendió la noticia de que el Tribunal en el exilio condenaba a varios años de prisión al Presidente Maduro por corrupción. De otro lado, la semana pasada, escuchamos el anuncio de que el Tribunal Supremo de Venezuela solicitaría la extradición del Sr. Julio Borges, líder de la oposición radicado en Colombia, y otras seis personas, a quienes sindican de haber fraguado el intento de asesinato  contra  Maduro, valido de drones y explosivos, hechos ocurridos el pasado cuatro de agosto.

Los líderes oposicionistas sostienen que no hubo tal intento de asesinato, que  fue una farsa orquestada por el Gobierno para atacar a los opositores y desviar la atención de los grandes problemas que presenta la economía de ese país, la hambruna generalizada que ha provocado un éxodo de venezolanos por todo el mundo.

Con esta duplicidad institucional, la pregunta que surge es ¿a quién hacerle caso?  Por supuesto, que las instituciones en el exilio tienen un gran efecto simbólico, para sensibilizar a la comunidad internacional sobre lo que sucede en el vecino país; pero sería muy difícil, prácticamente imposible, proceder a hacer cumplir una sentencia de un tribunal en el exilio.  Las autoridades oficiales, son las que funcionan en Venezuela, así sepamos de su ilegitimidad, mientras los venezolanos no diriman la antinomia, que solo ellos pueden resolver. En cuanto el trámite de extradición que anuncian, pues habrá que examinar si estamos frente a un pedido por razones políticas, frente a las cuales no procede.

Esta semana sorprende el Gobierno de Venezuela, queriendo conjurar la crisis económica por decreto, como si el deterioro del aparato productivo se pudiese solucionar a punta de eliminar ceros o poniéndole apellido al desvalorizado Bolívar y tiene la desfachatez de augurar un éxodo de colombianos hacia Venezuela como consecuencia de tan infantiles medidas económicas. El problema de Venezuela es que están en manos de una dictadura, que se ampara en una seudo democracia aparente y que no tiene la más leve intención de dejar el poder y restablecer la institucionalidad legítima. Ante el desconcierto una realidad se impone y que solo el pueblo venezolano es quien puede restablecer la democracia.