La actividad minera en el país se rige por la Ley 685 de 2001, la cual fue reformada mediante la Ley 1382 de 2010, pero a poco andar fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por no haber cumplido con el requisito de la consulta previa. La Corte moduló su fallo, dándole un plazo de dos años al Congreso de la República y al Gobierno para tramitarla nuevamente y al no cumplir con dicho cometido volvió a recobrar vigencia la Ley 685 de 2001. Este hecho ha producido un vacío legal que ha dado pábulo al activismo judicial y a la subsecuente inseguridad jurídica que rodea a la actividad minera y conspira contra ella.

Los ocho años de la administración Uribe, que coincidieron con un largo ciclo de precios altos del oro, dieron rienda suelta al otorgamiento de títulos mineros a lo largo y ancho del país, a tal punto que la superficie del área titulada se multiplicó por 8, al pasar de 1.13 millones de hectáreas a 8.53 millones de hectáreas. Ni siquiera los páramos se escaparon de esta “feria de títulos”, como se le denominó. En lugar del Catastro minero, lo que teníamos era una catástrofe minera.

La sumatoria de un Código de Minas anacrónico, la falta de un ordenamiento territorial, el caos y la corrupción, amén de la “reconfiguración cooptada del Estado”, como denomina Luis Jorge Garay el fenómeno que se extendió en muchas regiones del país a la sombra del paramilitarismo, contribuyeron a crear un caldo de cultivo en el que ha venido pelechando la extracción ilícita del recurso natural no renovable. Ello explica el hecho que delata la Asociación Colombiana de Minería, según el cual en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales, es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene de la informalidad y de la criminalidad.

El Gobierno Nacional, en el propósito de poner orden en la actividad minera y de proscribir la extracción ilegal del recurso viene tomando medidas tendientes a dinamizar la formalización minera con los mineros ancestrales y tradicionales como objetivos, al tiempo que se está actuando con drasticidad para combatir eficazmente contra la criminalidad que busca escudarse con ellos para seguir con la extracción ilegal del recurso,  su principal fuente de financiación. Con tal fin se han tomado medidas como la prohibición  del uso del mercurio y el control a las plantas de beneficio, así como el control de la comercialización del oro.

La salida de esta encrucijada en la que está la minería tiene que darse a través de un diálogo franco, sincero y transparente, que empieza por separar la paja del grano, pues uno es el tratamiento que ameritan los mineros tradicionales y ancestrales y otro, muy distinto es el que debe darse a quienes tengan probados vínculos con estructuras criminales.

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*Miembro de Número de la ACCE