Desde mediados del año pasado, a la preocupación de la Junta directiva del Banco Emisor por la devaluación galopante que acusaba el peso colombiano frente a la divisa americana se vinieron a sumar los brotes inflacionarios. Como es bien sabido, la Constitución de 1991, que ahora cumple 25 años, le atribuyó al Banco de la República la política cambiaria y la política monetaria y esta última debe de estar encaminada a preservar el poder adquisitivo de la moneda. Con tal fin la Junta se impuso como meta alcanzar una inflación -objetivo cada año-, metiendo en cintura el IPC y a fe que lo logró.

Son varios los factores que vienen gravitando sobre el comportamiento de los precios internos en Colombia. Podrían resumirse en dos fundamentales: el fenómeno de el Niño, que ha afectado enormemente los precios de los alimentos, que tienen un peso del 28.2% en la canasta familiar y ya acumula una inflación del 14.3%. Adicionalmente se afectaron también los precios de la energía y el gas, a consecuencia de la sequía. A ello se ha venido a añadir tanto el paro agrario reciente como el paro camionero.

De otra parte tenemos la devaluación del peso (15- 20%), la cual se ha traducido en un incremento de los precios de los bienes transables y de los insumos importados y de contera, por el efecto contagio se transmite vía precios a los no transables, así como a los precios y tarifas de los bienes y servicios regulados. Y, para rematar, muchos precios y tarifas (arriendos, servicios de educación y salud, entre otros), amén del salario mínimo, están atados al IPC y por lo tanto se ven arrastrados al alza debido a la indexación de los mismos.

La inflación se trepó al cierre de junio al 8.6% anual, la más alta en lo corrido de este siglo; en menos de un año se triplicó, superando con creces el límite del rango meta del 2- 4%. La inflación, entonces, se convirtió de la noche a la mañana en la mayor amenaza para la estabilidad macroeconómica del país, que le resta competitividad al tiempo que erosiona la confianza tanto de los consumidores, los industriales y los inversionistas. La tasa de interés de intervención ha subido desde 4.5% a 7.5%.

Pero, la Junta no puede perder de vista que, como lo sentenció la Corte Constitucional en su oportunidad, justamente en el filo de la gran crisis de 1999, que “la finalidad del Banco de la República no es exclusivamente luchar contra la inflación. Esa es la función básica del Banco, pero la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos económicos, pues sus decisiones deben coordinarse con la política económica general y desarrollar el contenido social del Estado colombiano…La Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos del desarrollo económico y social previstos por la Carta”. ¡Así de sencillo y claro!

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*Director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos