El pasado 4 de agosto, cuando el jefe de Estado venezolano presidía un acto con militares en Caracas, ocurrió un incidente y dos drones cargados con explosivos estallaron cerca de la tarima presidencial,  sin causar víctimas fatales.

A reglón seguido, escuchamos el anuncio de que el Tribunal Supremo de Venezuela,  solicitaría la extradición del Sr. Julio Borges,  expresidente del Parlamento y líder de la oposición, radicado en Colombia y otras seis personas, a quienes sindican de haber  fraguado el intento de asesinato  contra  Maduro.

Los líderes oposicionistas sostienen que no hubo tal intento de asesinato, que fue una farsa orquestada por el Gobierno para justificar la persecución a los opositores y desviar la atención de los grandes problemas que presenta la economía de ese país, la hambruna generalizada que ha provocado un éxodo de venezolanos por todo el mundo.

El domingo anterior, el Gobierno venezolano, se manifestó en espera de que Colombia atienda la solicitud de extradición del opositor Borges, advirtiendo que ya habían presentado todos documentos y que se dan los presupuestos para su procedencia.  Similares anuncios de solicitud de extradición han realizado a los gobiernos de España y de USA, sin indicar las personas que reclamaría.  

Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación de Venezuela,  acusó a Borges de estar detrás del "continuo desencadenamiento de hechos violentos contra Venezuela",   y  lo puso detrás del llamado  "golpe azul" en 2015.   Borges niega acérrimamente las acusaciones del Gobierno.

El pasado lunes, el Presidente Iván Duque manifestó en la Sede de las Naciones Unidas lo siguiente: "Nosotros no vamos a extraditar a Julio Borges. Nosotros no vamos a extraditar a un perseguido político para que una dictadura abuse de sus derechos humanos".  Agregó el mandatario colombiano que, "sería absurdo" atender la solicitud de Venezuela para la entrega de una "persona que está luchando por las libertades de su pueblo".  Es discrecional del Presidente colombiano, de acuerdo con la Constitución, extraditar en el evento de que la Corte Suprema de Justicia diera un concepto favorable a la misma.

Agregó el mandatario Duque que su Gobierno va a seguir "defendiendo al pueblo venezolano", pidiendo "la libertad de los presos políticos" y demandando "un verdadero y efectivo camino a una transición democrática que le devuelva las libertades".

Queda perfectamente clara la política que vamos a tener para con el Gobierno de Venezuela.  A Maduro se le considera un dictador, lo que es.  Esta bien que no se contemplen opciones bélicas y que se haya rectificado al Embajador en Washington, a quién traicionó el subconsciente; pero habrá cero colaboración con un Gobierno que se considera ilegitimo y plena solidaridad  para con el pueblo venezolano.  Las acciones deben ser diplomáticas y pareciera que el mundo entero está de acuerdo con ellas;  se le cierra un cerco a la cúpula del poder ilegitimo de Venezuela, con medidas  financieras y sanciones económicas que  ponen en jaque al Presidente, a la Vicepresidente, al Ministro de Guerra, al Presidente de la espuria Asamblea Constituyente y a otros funcionarios del círculo cercano del régimen.