Cada día nos llegan las malas noticias sobre la economía nacional, la mayoría de las veces, no por cuenta de errores del sector productivo, sino por decisiones erráticas oficiales. El alza de la gasolina de manera continua en este gobierno, apenas tuvimos un respiro en temporada de elecciones, afecta negativamente todos los productos que se importan y exportan. Por si fuera poco, el mismo gobierno decide que, en semejante crisis y faltos de fondos, lo positivo es perturbar y anular de ser posible la explotación petrolera, dizque por cuanto somos contaminadores del medio ambiente.

Todas las gentes informadas saben que estamos entre los países que menos contaminan, que los que más contribuyen a enrarecer el medio ambiente son los países más desarrollados. También, estamos informados que en Europa, con la crisis de combustible y por los problemas con Rusia por el gas, se abrieron de nuevo algunas minas de carbón. Los recursos en hidrocarburos son de los colombianos y por lo mismo se deben emplear para favorecer el desarrollo del país. Como lo hicieron en su momento los países más avanzados. Por si fuera poco, tenemos a Estados Unidos, primera potencia mundial, que explota de todas las formas sus recursos.

Esa riqueza natural la explota la estatal Ecopetrol, fundada en buena hora por el gobierno de Laureano Gómez, que nos dio cierta independencia energética, precisamente, cuando, en tiempos de predominio mundial de las compañías extranjeras privadas ellas imponían los precios.

La economía y la política deben converger en la colaboración para impulsar el desarrollo nacional.  Entre nosotros, la explotación legal de los minerales es fundamental para obtener recursos con destino al bienestar social de la población. Lo mismo que mediante la redistribución inteligente, contribuir a pagar deuda externa y otros rubros. En tanto, como el gobierno actual prohíbe o establece talanqueras para que el sector privado nacional o extranjero, pueda explotar nuestros recursos, atenta contra el desarrollo del país de manera gravísima. Lo que afecta a todos los colombianos, en especial a la población que vive en las peores condiciones de miseria.

Los recursos mineros del país son de todos los colombianos, no explotarlos y causar pérdidas enormes a la industria petrolera contra el mandato democrático de todo gobierno que debe atender el bien común, es imperdonable. Sin contar que el crudo se encuentra en gran medida en zonas de la periferia del país, donde el predominio de la soberanía nacional es deplorable. Incluso en diversas oportunidades se han encontrado lugares en los cuales los subversivos y terroristas, explotan y refinan de manera artesanal el crudo.

 Así como en el Chocó y otras regiones del país se explota el oro de continuo por verdaderos piratas del sector, los que no pagan impuestos al Estado. Por esa explotación clandestina, hasta cierto punto, puesto que los mineros piratas cuentan hasta con tractores y helicópteros para moverse y sacar los minerales preciosos, se da la paradoja de que las regiones más ricas del país, al mismo tiempo, son las más pobres de Colombia. Por lo menos con la explotación del petróleo, la Nación recibe beneficios sustanciales, que de estar bien invertidos serían promisorios para sacar del atraso esas extensas zonas del territorio nacional.

Los expertos en los asuntos que tienen que ver con la degradación cada vez mayor de la soberanía nacional, en un país donde desde el punto de vista estratégico más del 70% del territorio está en manos de la subversión, nos dicen que el Estado está comprando tierras en zonas ribereñas, ríos por las cuales se transportan los subversivos y los contrabandistas, como otros sectores de la ilegalidad. Se tienen informes que tiene entre sus proyectos de negociación con los grupos clandestinos en armas, entregarles esas tierras para que sienten sus campamentos los antiguos subversivos, ya reinsertados. Lo que consolidaría el poder y el control estratégico casi total en esas regiones, en las cuales por cuenta de las supuestas negociaciones de paz en estos momentos la presencia de las tropas colombianas es casi nula.  Lo que, con el tiempo, puede llevar a la desintegración de Colombia.

Esa situación del país se agrava aún más con los intentos de doblegar la Corte Suprema y las instituciones democráticas, que constituyen un ataque directo a la democracia y un intento de someterla mediante la intimidación.