Que quede claro, no solo a los colombianos sino también al mundo que observa lo que está pasando en Colombia, Naciones Unidas, Unión Europea, OEA, países garantes del Acuerdo de La Habana y a las diferentes Cortes Internacionales, que la actitud complaciente de la JEP hacia las Farc es, quizá, la razón por la cual ese acuerdo de “paz” está a punto de colapsar.

Ningún país resiste tanta impunidad, tanta indiferencia ante las víctimas, tantas mentiras, ni tanta complacencia de una Corte ante quienes debe juzgar. Y esto es fácil de comprobar al estudiar similares acuerdos de paz firmados en otros países, donde la justicia prevaleció y las víctimas y la sociedad en general tuvieron verdad y reparación. 

La lentitud de la JEP en exigirles la verdad a los capos de dicho narco grupo sobre las acciones cometidas por ellos: asesinatos, secuestros, reclutamiento de menores, violación de mujeres, niñas y adultas, abortos forzados y miles de desapariciones y torturas, no solo de militares y civiles, sino también de sus propios compañeros es, sin duda, la mayor causa del posible derrumbe del Acuerdo.  

Y ahora las Farc, conocedoras de la favorable actitud de la JEP hacia ellas, ha montado un espectáculo excepcional, declarándose culpable ante esa Jurisdicción Especial de Paz del magnicidio, hace 25 años, del político, constituyente y académico Álvaro Gómez Hurtado, con un libreto que podría ganar el Oscar por ¡mejor actuación! Dicha situación puede ser la gota que, finalmente, derrame el vaso y acabe del todo con el Acuerdo.

La arrogancia con que Patricia Linares, presidenta de la JEP, prácticamente, exige a la Fiscalía abandonar el caso para dejarlo en manos de su tribunal, produce náuseas.

Ya Colombia tuvo que aguantar la vergonzosa actitud de esa Corte en el caso de Santrich y sus nefastas consecuencias. Aguantamos también que las poquísimas declaraciones ante la JEP, dizque para contar la verdad, de los capos de las Farc, ahora senadores de la Republica, fueran efectuadas a puerta cerrada, de espaldas a los colombianos, mientras que los militares, inclusive los generales, debieron declarar en públicos.

Ahora, la JEP y las Farc nos presentan este nuevo circo. Para muchos, inclusive la familia del líder asesinado y la de su guardaespaldas, José del Cristo Huertas, quien murió tratando defenderlo, este es un descarado y astuto montaje para que dicho crimen, considerado de lesa humanidad, quede bajo el manto de la JEP, sin castigo y sin verdad. Esto es una vergüenza y ojalá los ojos del mundo lo vean así.   

Acaso a las Fac, reconocidos compinches del Cartel de Cali y de los actores en el proceso 8.000, les convenga tapar a los verdaderos culpables de dicho crimen y sus truculentos móviles.

La Fiscalía debe continuar investigando y profundizando sobre este crimen. Ningún testigo debe quedar sin ser oído, ninguna pista debe ser ignorada. Este es un caso oscuro, todo está por probarse. 

La JEP debe conceptuar si Julián Gallo, de la Farc, quien dice haber dirigido el crimen, puede continuar ejerciendo como Senador siendo el confeso autor de un magnicidio.

La JEP tendrá que responder ante Colombia y la historia por sus actuaciones que hasta ahora parecen estar enlodadas y carentes de grandeza.  La historia es un juez severo y pocos escapan su sentencia.