Desde que se presentó la iniciativa legislativa para crear una jurisdicción agraria al comenzar este Gobierno, manifestamos nuestra preocupación y observamos que lo que se quería era darle un golpe de estado a la rama jurisdiccional del poder público, en su justicia ordinaria, para escindir el tema de la tierra, que siempre ha sido de su competencia. 

Todos los jueces civiles de Colombia, ha sido también jueces agrarios; porque conocen del derecho de dominio y su reglamentación, la forma de adquirirlo y de perderlo, tanto en las grandes ciudades como en el campo.  La sala civil de la Corte Suprema es Sala Civil y Agraria. Es por tanto un exabrupto, por decir lo menos, la manifestación del ministro de Interior la semana pasada cuando advierte que en el país no había jueces agrarios; ¡siempre los ha habido!; prácticamente en todo pueblo de Colombia hay un juez civil y agrario.

Pero estos jueces tradicionales con competencia agraria no le sirven al régimen porque protegen la propiedad privada cumpliendo la Constitución y las leyes. Por ello observamos que la creación de esta jurisdicción, que pretendió también tener su Suprema Corte, afortunadamente, en este punto echaron para atrás, tiene finalidades más políticas que jurídicas; no en vano se proponía que la primera camada de jueces la eligiera el Congreso.

Pero aceptaron que no hubiera otro tribunal supremo porque no lo necesitan. No habrá recurso de casación, si acaso uno de revisión, que como en los temas de restitución de tierras, es inane e inútil y prácticamente la Corte Suprema no conoce de nada; esos procesos se fallan en única instancia y se convirtieron en un instrumento de abuso ya que aparecen terceros alegando haber sido desposeídos, se les restituye invirtiendo el principio de la buena fe, y luego se van a ofrecer en venta el mismo bien a quien se obligó a restituirlo. Se convirtieron los procesos de restitución de tierras en un mar de burlas y ahora, va a pasar lo mismo con las expropiaciones.

La tierra es uno de los ejes centrales de este gobierno.   Le ofrecieron venderla para que realice sus programas agrarios, pero no la compró, no le interesa de esa manera; lo que le interesa es expropiarla en forma rápida, sin recursos judiciales, por vía “express”. Esto es más sonoro para los propósitos políticos. Decía el mismo ministro que esto ya existía en Colombia, y eso es cierto, pero garantizando los derechos a una indemnización justa.  Ahora, lo que tendremos es una política chirriadora para acrecentar las huestes políticas del gobierno.

El proyecto de ley para reglamentar la jurisdicción agraria crea un mar de incertidumbres delegando competencias judiciales en la Agencia Nacional de Tierras; decisiones trascendentales que definen derechos por vía administrativa, introduce las ventas forzadas, que no son más que un eufemismo de la expropiación. En resumen, con el proyecto de reglamentación en remojo se acrecienta el conflicto de la tierra en Colombia.