EL EXALCALDE de Bogotá y actual presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer, denunció la fuerte deuda que tiene el Instituto Nacional de Vías (Invías) con diferentes firmas constructoras en el país.

A través de su cuenta de X, el dirigente gremial escribió: “Cerca de 1 billón de pesos es el monto que, a la fecha, les adeuda el Invías a cientos de firmas de consultoría, interventoría y construcción del país. Estamos hablando del no pago de facturas que hoy se refleja en hasta ocho meses de retraso”.

Agregó que “la situación, por razones evidentes, ha derivado en dificultades financieras que ya asfixian a las empresas, mayoritariamente pymes, que desempeñan las actividades referidas”.

“De no saldarse estos compromisos, por parte del Invías, la consecuencia puede verse en la parálisis inminente de la obra pública, a cargo, justamente, del propio Instituto. Inaplazable, entonces, efectuar los pagos correspondientes a la mayor brevedad posible”, advirtió Caicedo.

Se debe recordar que, a finales de 2024, ya se había realizado una primera advertencia sobre la situación que reitera la CCI, en ese momento al indagar con el Invías, la entidad aseguró que estaba esperando desembolsos y que junto con Minhacienda se tenía presente el panorama para poder empezar a realizar los respectivos pagos, sin embargo, esto no ha ocurrido.

De igual manera, el Invías había sido blanco de críticas por gastos desmesurados el año pasado. Se conoció que la entidad en diciembre realizó una fiesta de fin de año que, de acuerdo con La W tuvo un costo de $360 millones.

Lo anterior, en el contexto de las declaraciones de su director, Juan Carlos Montenegro, en el marco del congreso 2024 de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, en el que afirmó que existía una deuda por $475.000 millones a contratistas.

Riesgo para la Obra Pública

Caicedo enfatizó que si el Invías no salda sus compromisos financieros pronto, el resultado podría ser la parálisis inminente de la obra pública en Colombia. Esto es particularmente preocupante dado que el propio Instituto es responsable de llevar a cabo importantes proyectos de infraestructura que son vitales para el desarrollo económico del país. 

"Estamos hablando del no pago de facturas que hoy se refleja en hasta ocho meses de retraso. La situación, por razones evidentes, ha derivado en dificultades financieras que ya asfixian a las empresas -mayoritariamente pymes- que desempeñan las actividades referidas", indicó Caicedo. 

La situación requiere atención inmediata. Caicedo hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se realicen los pagos correspondientes a la mayor brevedad posible. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advierte que sin una solución rápida, el sector podría enfrentar un colapso que afectaría no solo a las empresas involucradas, sino también a la infraestructura del país y su capacidad para atraer inversiones futuras.

Auditoria de la Contraloría

La denuncia de la CCI coincide con los informes de la Contraloría General, que también indicó un bajo nivel de ejecución en los proyectos.

La ejecución de proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías) en 2024 fue objeto de controversia, especialmente en relación con el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Según la Contraloría General de la República, el avance en este programa ha sido calificado como "rezagado". A pesar de que el director del Invías, Juan Carlos Montenegro, reportó que se han finalizado 728 de los 2.157 convenios y contratos suscritos en 2023 y 2024, la Contraloría sostiene que solo se ha ejecutado el 6,56% de la inversión prevista de $8 billones, con apenas $525.000 millones gastados hasta octubre de 2024

El ente de control señaló que muchos de los contratos han enfrentado prórrogas significativas, superando el plazo promedio inicialmente pactado. Esto ha generado preocupación sobre la capacidad del Invías para cumplir con sus compromisos y llevar a cabo las obras necesarias para mejorar la infraestructura del país. La Contraloría anunció que realizará una auditoría de cumplimiento a partir de enero de 2025 para evaluar la gestión fiscal y el uso adecuado de los recursos públicos.