Haciendo gala del adagio popular que enseña que la mejor defensa es el ataque, el Presidente de la República pasó a la ofensiva a fin de dar respuesta a la gran cantidad de críticas que han surgido con ocasión de la financiación de su campaña presidencial, todo originado en las revelaciones que hizo su hijo sobre dineros de mala y regular procedencia que entraron a sus bolsillos y a las arcas de la campaña de su padre.

La ofensiva se dirige contra sus antecesores en solio de Bolívar, la casta política tradicional, principalmente contra la incursión de la multinacional Odebrecht en las campañas de sus predecesores y hasta dirigió cargos fuertes contra quién ejercía como Fiscal en la época, a quién acusa de haber engavetado las investigaciones. El exfiscal ha respondido exigiendo rectificaciones al Presidente y a su vez el Presidente solicita que se reabran las investigaciones clausuradas. Todo indica que estamos ante una titánica confrontación.

De paso se anuncia por el Ejecutivo una reforma a la justicia, aunque no se desarrolla que aspectos serían los que abarcaría dicha propuesta de reforma, ni que tiene que ver con las investigaciones frustradas en parte con la citada multinacional contratista de varias mega obras públicas en el país. Los hechos delictuosos se gobiernan, en principio por la ley vigente en el momento cuando suceden y aunque de su ocurrencia pueden aparecer enseñanzas para inspirar regulaciones futuras que los prevengan, no vemos que relación pueda tener lo denunciado con una eventual reforma a la justicia.

Ahora, si se trata de un hecho ilícito, al haber procedido en forma dolosa para lograr la adjudicación de un contrato de obra pública; como lo sería el haber aportado a una campaña electoral esperando como contraprestación la adjudicación de un contrato o su extensión de obra y si todavía se encuentra en ejecución, por supuesto que es procedente activar los mecanismos previstos en el mismo, como la cláusula compromisoria o si no la hay, se proceda a interponer  las acciones ante la justicia contenciosa administrativa, en miras para que se declare dicha ilicitud y se proceda a las consecuencias que de la misma se derivan en el eventual supuesto que aparezca demostrada.

Mientras tanto, el Fiscal anuncia desde el exterior que habrá más de 60 nuevas imputaciones por el escándalo de Odebrecht; procesos penales dentro de los cuales, las víctimas pueden hacer valer sus derechos y reclamaciones.

La confrontación está como para coger sillón; también el acuerdo al que llegó el Grupo Aval en los Estados Unidos sobre los temas de Odebrecht es motivo de discrepancias, incluso con el entonces presidente de Corficolombiana, Dr. José Elías Melo, quién lo rechaza frontalmente y a quién dejaron solo como único responsable. Todo indica que el tema de Odebrecht resucita y nos faltan varios capítulos de esta historia que creíamos clausurada.