“La abuela era la que tenía la memoria de todo lo que había ocurrido en la familia; ella sabía los secretos de todos, ella conocía de sus lágrimas y sus tristezas, sus motivaciones y resultados; ella era el libro donde se escribía nuestra historia, había sido testigo y parte de nuestras vidas”, eso me decía una joven  el día de la cremación de su abuela.

Ahora, que la abuela se ha ido, otro será el guardián de esa memoria. Seguramente otra persona de esa familia repetirá lo oído de ella y extraerá de esas memorias las valiosas lecciones aprendidas, tanto para lograr el éxito de los miembros de la familia como para no repetir los mismos errores.

Esta es una manera sencilla de entender qué es la Memoria Histórica de un país, de la que tanto se habla en estos tiempos. El término no se refiere específicamente al estricto sentido de la Historia, sino al conjunto de la memoria individual de lo ocurrido.

En Colombia, en esta época que algunos consideran de posconflicto, aunque para muchos el conflicto aún esté vigente y la guerra no haya terminado del todo,  son a las víctimas, las que sufrieron en su propia piel los horrores de la violencia, el abandono y el destierro, a quienes debemos escuchar. Ellas tienen la memoria de los hechos cincelada en sus vidas. Sus relatos darán forma a la Memoria Histórica de la familia colombiana. De esos hechos debemos, como país, extraer la sabiduría necesaria para que nunca vuelva a repetirse la horrenda tragedia que enlutó, por décadas, nuestra tierra.

Este fue el propósito del Gobierno Nacional cuando expidió la Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, creada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), la cual incluye dentro del derecho de reparación la preservación de la Memoria Histórica: ”Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la Memoria Histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctima”. (Art. 8, Ley 975 de 2005).

Es un valioso concepto para sanar las heridas de un pueblo, tan herido por la violencia, la división y las guerras, casi  desde el comienzo de su historia.

El problema estriba en el manejo y la politización de esas memorias. El uso y acomodo de la memoria de las víctimas para impulsar una posición política determinada, no para garantizar la reparación, la no repetición y  los otros nobles mandatos de la Ley de Justicia y Paz, no permitirá una verdadera reconciliación entre nosotros.

Si realmente deseamos lograr construir un “nuevo país”, la no repetición, la aceptación de los hechos y la reparación de las víctimas, debe haber un propósito nacional, que incluya la voluntad de todos los actores del conflicto, de todos los partidos políticos, la sociedad civil, la iglesia Católica y la totalidad de Iglesias y movimientos que acoge Colombia. De otra manera seguiremos en las mismas, incapaces de sacudirnos nuestra dolorosa herencia de violencia.