Como se recordará, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se dispuso integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada por 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto, según la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. Esta Misión hizo entrega de sus conclusiones y recomendaciones en diciembre del año anterior.

A la pregunta de qué se busca con el revolcón en las instituciones del sector que propone la Misión, podemos responder que lo primero a tener en cuenta es que no se trata  de hacer borrón y cuenta nueva, sino de construir sobre lo construido. Máxime cuando el Sistema energético colombiano, que descansa sobre las leyes 142 y 143 de 1994 ha sido muy bien ponderado, tanto por el Foro Económico Mundial como por el Consejo Mundial de Energía, está en el top - ten a nivel mundial por el desempeño de su arquitectura institucional.

Transcurridos 26 años de expedidas estas leyes, tres fenómenos de El Niño pusieron a prueba este Sistema y, por fortuna pasamos indemnes. Lo que no debemos es caer en la autocomplacencia y abocar el reto que supone la Transición energética desde las fuentes de energía de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables  y limpias, megatendencia ésta de la economía global de la cual Colombia no se puede sustraer.

La Misión planteó la senda a seguir para adecuar tanto la institucionalidad como la regulación para poder transitar con éxito el camino de la integración gradual y progresiva de las FNCER a la matriz energética, teniendo como ejes fundamentales las 4D: la descarbonización, la digitalización, la descentralización y la democratización del nuevo Sistema. Se trata de robustecer la arquitectura institucional para dar cabida a los nuevos agentes que ahora surgirán. En este orden de ideas nos parece muy puesta en razón la recomendación de parte de la Misión de fortalecer y empoderar aún más para tales propósitos a la UPME.

También aconseja reformar la CREG, de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Minas y Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador. Por mi parte considero que la CREG, al igual que la Junta directiva del Banco Emisor, debe gozar de autonomía, que no de independencia, pues no debe ser una rueda suelta del Ministerio de Minas y Energía. Por lo demás, considero que no se debe caer en excesos regulatorios, pero tampoco en los peligros de la desregulación. El Estado debe intervenir a través de la CREG para que el mercado funcione, no rendirle culto al mercado. El fin último de estos pasos a dar es ganar confiabilidad, firmeza y resiliencia al cambio climático.

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*Miembro de Número de la  ACCE