El pasado miércoles el Congreso de la República sepultó el proyecto de acto legislativo que buscaba reformar la justicia en Colombia. Esta reforma a la justicia, que el presidente de la Cámara de Representantes calificó como un adefesio, giraba en torno a tres ejes fundamentales: La probidad en la administración de justicia; la eficiencia y calidad de la misma, y la seguridad jurídica en el país.
Para nadie es un secreto que la institucionalidad nacional desde hace una década viene sufriendo un serio problema de credibilidad, y junto al Congreso de la República, la justicia y quienes la imparten (los jueces) se han encargado de destruir la confianza de la ciudadanía a través de fallos polémicos, escándalos de corrupción (basta recordar el cartel de la toga) y la politización que se ha hecho evidente en algunos tribunales. La falta de confianza de los colombianos en la justicia, se vio reflejada en una de las últimas encuestas de Gallup, en las que se evidenció como el sistema judicial y la Corte Suprema de Justicia, tenían una imagen negativa del 79 % y 60% respectivamente.
Día a día escuchamos quejas relacionadas con la extensa duración de los procesos, los incontables paros de la rama judicial que se volvieron costumbre y que impiden a los colombianos acceder a la justicia durante dos meses al año, los altos niveles de impunidad en el país y la molestia por las sanciones irrisorias en contra de los corruptos cuando no quedan libres por vencimiento de términos.
Con ese contexto y con el ánimo de recuperar la credibilidad y la confianza de los colombianos, la reforma buscaba no sólo la despolitización de las altas cortes arrebatándoles las funciones nominadoras (enviar ternas para elegir al procurador), sino buscar mecanismos adicionales para sancionar y suspender a los magistrados y así evitar que se repitan casos como el del exmagistrado Malo.
Así mismo, pretendía hacer más eficiente la administración de la justicia, evitar la innecesaria remisión de casos de un juez a otro, y procurar que las altas cortes (y sus magistrados) se comuniquen con la ciudadanía a través de sus sentencias o autos, en lugar de los “comunicados de prensa”, cuyo impacto real contrario a aclarar el sentido del fallo, oscurecía, generaba inseguridad jurídica y daba lugar a la politización de sus pronunciamientos.
En ese sentido, tal y como lo manifestó la Ministra de Justicia, esta reforma se debe hacer, no porque sea un capricho del gobierno actual, sino porque la justicia y su correcta y eficaz administración, es uno de fines esenciales del Estado, en tanto que, es a través de ella, que todos los ciudadanos encontramos un primer asomo de igualdad material y real, es allí donde los colombianos buscamos que el pacto social que como comunidad hemos convenido, se cumpla y se respete; es allí donde el Estado se debe mostrar como aquel ente imparcial y objetivo que debe ser garante de la construcción de una sociedad que pueda vivir en paz y en la que se pueda confiar.
@SamuelHoyosM