A raíz de la vergonzosa situación que se presenta en el seno de la Corte Suprema de Justicia, se ha hablado de la necesidad de una reforma y se han dicho muchas cosas al respecto. En su mayoría, quienes han opinado han reducido la discusión al mecanismo constitucional aplicable y al tema del tribunal que debiera juzgar a los altos magistrados.

El Ejecutivo, por su parte, ante el más reciente escándalo y por el embate de los medios, propuso  primero, de manera improvisada,  incluir un  texto en el proyecto de acto legislativo sobre  reforma política, por la vía abreviada, con el objeto de resucitar la Comisión de Aforados (Acto Legislativo 2 de 2015) que la Corte Constitucional declaró inexequible, y  acude ahora a la figura del referendo constitucional, si bien, en tratándose de la paz, el Presidente de la República no respetó los resultados del plebiscito y, en cuanto al referendo, había dicho que era “un suicidio”. Es difícil entender cómo razona este gobierno, que, para “ayudar” a los trabajadores, tiene el proyecto de descapitalizar el Fondo Nacional del Ahorro en la módica cifra de cuatrocientos mil millones de pesos, “sin perjudicar a los afiliados”. Pero, en fin, ahí están las iniciativas gubernamentales en materia de justicia.

Como también hemos advertido, “no solo resulta necesario replantear el fuero, creando un tribunal independiente que investigue y juzgue a las cabezas de la administración de justicia, de la Fiscalía y del Ministerio Público -yo incluiría también a los presidentes y ex presidentes de la República, pues allí también hay impunidad-, sino que es indispensable un proyecto que con claridad señale  los procedimientos especiales aplicables -ágiles, eficaces y con términos perentorios- y que, además, permita a las instituciones, ante elementos de juicio serios, suspender a los denunciados -en guarda de la transparencia - mientras se adelanta el juicio. Un sistema  novedoso, fundado en la experiencia, que establezca especiales y estrictas prohibiciones, con sanciones fuertes; que prevea, para los hallados culpables, además de las sanciones penales, la destitución o pérdida de investidura y la inhabilidad intemporal para el desempeño de cargos públicos y para ejercer la profesión de abogado;  y que exija a los futuros jueces y magistrados prudencia, ecuanimidad, imparcialidad y criterio de justicia. Y algo esencial: invulnerabilidad ante presiones y halagos” (*).

Muy importante modificar el sistema de postulación y selección de magistrados, Procurador, Fiscal y Defensor del Pueblo, con el fin de erradicar, como criterios de escogencia,  los que se han impuesto en los últimos años, como el padrinazgo, el cabildeo, el nombramiento de familiares y cónyuges, la política, la capacidad de intriga y los compromisos  sobre ejercicio de funciones. Véase que el actual Gobierno y algunos congresistas han exigido  a los aspirantes a ser elegidos miembros de la Corte Constitucional “comprometerse” con las normas dictadas para implementación del proceso de paz. Ilegítimo, irrespetuoso y penoso.

Así que, además del juicio más estricto y rápido contra los comprometidos, se necesita que, con carácter independiente -sin el cruce de intereses políticos y judiciales que hay en el Congreso-, un órgano de elección popular prevea una reforma integral y restaure la confianza de los colombianos en la Justicia.

 (*)Reflexiones acerca de la Justicia.  www.lavozdelderecho.com , 22 de septiembre de 2017