Las recientes manifestaciones sociales, que han desembocado en paros en diferentes ciudades del país, no solo son producto de la infiltración criminal de algunos grupos armados y sus brazos políticos, con el ánimo de generar caos e inestabilidad, también corresponden al descontento de una generación que ha perdido la confianza en las instituciones, que siente que no tiene nada que perder y que cualquier medio es legítimo para reclamar sus derechos. La pérdida de confianza en las instituciones y de legitimidad de la autoridad, son dos claras manifestaciones de la crisis de la democracia.

Un reciente estudio de la Universidad del Rosario, el periódico El Tiempo, Cifras y Conceptos y la Fundación Hanns Seidel, titulado “Qué piensan los jóvenes”, arroja preocupantes resultados. Las tres ramas del poder público son las que menos confianza generan en los jóvenes: el Congreso, el Presidente y los jueces son los peor calificados entre los encuestados. La confianza que ha perdido el Estado de Derecho entre los jóvenes la han ido ganando universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, según un informe preliminar publicado por El Tiempo.

Lo más grave es que la percepción de los jóvenes no coincide, en muchos casos, con la realidad de los hechos. Por ejemplo, a juicio de los participantes, el principal problema de Colombia es la corrupción y señalan al actual Gobierno como el responsable, así mismo dicen no querer participar en política y no estar dispuestos a pagar impuestos.

Efectivamente la corrupción es un cáncer de la democracia al que debemos atacar sin cuartel, pero ha hecho mucho daño a la institucionalidad y a la democracia misma, la generalización en la que se cae a la hora de señalar. “Todos los políticos son corruptos”, “el Gobierno es un ladrón”, a pesar de los innumerables ejemplos, esos señalamientos generalizados, son lugares comunes, acusaciones simplistas y mediocres, en las que no solo caen conversaciones de cafetería, sino los medios de comunicación y aquellos que posan de “dueños de la moral pública”.

Si las instituciones son corruptas, el ciudadano no tiene porque creer en ellas; si la autoridad no es legítima, el ciudadano no debe respetarla; si los impuestos se los roban, el ciudadano no tiene porque pagarlos; si los políticos son corruptos, el ciudadano de bien debe alejarse de la política. Esas generalizaciones contribuyen a esas justificaciones, y eso es lo que refleja el mencionado estudio.

Han alimentado una percepción negativa contra las instituciones del Estado y el servicio público, alejando al ciudadano de sus deberes democráticos, como el de participar en los asuntos públicos de su comunidad, o desestimulando el cumplimiento de sus obligaciones básicas como pagar impuestos.

En nada ha contribuido en la lucha contra la corrupción esa lucha vacía contra la corrupción. Lo que si han conseguido es justificar la violencia como medio legítimo de exigencia social; han conseguido reemplazar la autoridad con la justicia por mano propia; y las vías de derecho por las de hecho. En últimas, esa lucha estéril, ha terminado dando lugar a la corrupción del sistema democrático, en el que los jóvenes ya no creen y contra el cual están dispuestos a atentar en áras de algo distinto, sin importar las consecuencias, pues creen que no tienen nada que perder.

@SamuelHoyosM