Bueno, pues nos visitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recibió una información muy pormenorizada sobre las alteraciones del orden público que se viven en nuestro país. Pudimos percibir sin mayores detalles ante la privacidad de las reuniones, que los representantes de sectores adversos al gobierno tuvieron la posibilidad de presentar informes detallados, donde se acusa al régimen y sus instituciones de violentar los derechos humanos por infinidad de motivos.
La protesta social con sus derechos figuran como base principal en las denuncias, pues sostienen los marchantes que el espíritu pacifista hace parte integral de todos los eventos, olvidando en sus declaraciones ante la Comisión las alteraciones del orden público, los daños a bienes ciudadanos, locales comerciales e inmuebles del Estado. Daños consumados por personas, según ellos, infiltradas en las marchas y ajenas a los objetivos de las demandas, donde se destaca la provocación y ataque a los miembros de la Fuerza Pública, especialmente Policía Nacional, institución encargada de velar por el orden público y el correcto desarrollo de las movilizaciones.
Hemos observado que a estas voces adversas se han sumado algunos organismos internacionales, dándose a la tarea de estigmatizarnos como un país violador de los derechos humanos, sustentado ese pronunciamiento en el exceso del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, olvidando que grupos oscuros apalancados en la surtida asistencia a las marchas tratan de desestabilizar el orden social y democrático del país, apelando a la violencia y el desorden social.
Esa una situación que aguardamos con esperanza sea analizada en el seno de la Comisión, tratando de esclarecer si las motivaciones que conducen a la alteración ciudadana son válidas o, por el contrario, estos grupos están siendo utilizados por movimientos extremos para subvertir el orden público.
Esperamos que la Comisión se percate de que Colombia no ha ocultado ni pretende esconder la situación que ensombrece el panorama comercial, social y productivo del país. Sus autoridades han enfrentado un escenario programado y proyectado desde diferentes ángulos externos, donde la Fuerza Pública debe soportar la peor parte, pues sus efectivos son blanco preferido de los violentos, quienes atacan tanto personas como instalaciones y equipos de la institución policial, con sevicia y alevosía, agrediendo sin miramientos a los hombres que, en cumplimiento de sus deberes, defienden a costa de su integridad, a la ciudadanía de bien, que clama por su presencia y asistencia.
Las delegaciones de organizaciones residentes en el país con énfasis en derechos humanos tienen una lectura más aterrizada y transparente de nuestra realidad y deben, por fuerza de la verdad, hacer públicas sus percepciones. No es posible que en una visita de pocos días informes acomodados nos afrenten.