Que la educación, en muchos países, ha disminuido en calidad es algo ostensible. Basta ver los resultados de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), que -para lectura, matemáticas y ciencias- adelanta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
También -y de eso son responsables muchos medios y el uso indebido de las redes sociales- hay mucha desinformación sobre los asuntos de interés general. En España, por ejemplo, decisiones judiciales que puedan incomodar al gobierno son presentadas -y ello hace carrera entre los ciudadanos- como “bulos” (noticias falsas). En la orilla contraria se ha llegado a descalificar los fallos del Tribunal Constitucional, diciendo que es un organismo político dependiente del Ejecutivo.
Hace unos días pudimos observar, en un video ampliamente difundido, las respuestas de varias personas al interrogante que les formulaba un periodista en las calles de alguna ciudad de los Estados Unidos. La pregunta: “¿Hay que ir a la guerra contra Corea del Norte? Los interrogados -hombres y mujeres entrevistados al azar- respondieron todos que sí. La siguiente pregunta se formulaba con la ayuda de un mapamundi: “¿Dónde está Corea del Norte? “. Ninguno supo. Algunos señalaban a España, otros a Alaska, otros a Rusia, pero ninguno de los entrevistados señaló en el mapa a Corea del Norte. Tampoco supieron decir por qué, en su criterio, debería procederse a la guerra.
Algo similar ha ocurrido en Colombia respecto a los motivos de apoyo o crítica al Gobierno durante las marchas que se han organizado. “¿Por qué apoya usted a Petro?”, preguntaba un periodista. Respuesta: “Porque debe ser reelegido”. A una señora que gritaba “fuera Petro” durante un partido de fútbol en Barranquilla, le preguntaron sobre sus razones. Respuesta: “Porque es el único que sale a defender al pueblo”. Y acerca del aumento en el salario mínimo, que algunos estimaron desmesurado, dijo un ciudadano en Bogotá: “Es el colmo. Lo que quiere el Gobierno es que no nos paguen por nuestro trabajo”.
No son pocos los que se pronuncian en las redes sociales acerca de los problemas del país, sobre el Congreso, sobre el Ejecutivo o sobre la administración de justicia, consignando graves errores que se difunden rápidamente y se convierten en “verdades”. Por ejemplo: que el actual gobierno estableció el sistema de peajes y que es el responsable de los recientes aumentos, cuando, en realidad, está sometido a normas preexistentes y todo proviene de la Ley 105 de 1993, que reguló la construcción, administración, operación y control de los peajes y permitió la fijación de tarifas, según contratos con firmas particulares y sin el método y sistema que prevé el artículo 338 de la Constitución.
Precisamente, sobre el conocimiento de las normas fundamentales, a cuyo respecto hay generalizada ignorancia, todos los gobiernos han incumplido lo establecido en el artículo 41 de la Constitución, que dice: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.
Buena parte de la opinión está desinformada.