La Paz Total de Petro será registrada por la historia como el mayor ejemplo de improvisaciones desorbitadas que supusieron el más grande peligro que hayan enfrentado la soberanía nacional y la integridad del territorio.

Carente de toda capacidad estratégica, Petro y su ministro de defensa, desde el inicio de los numerosos procesos de negociación de paz, optaron, pronta y unilateralmente, por otorgar beneficios que suelen darse en las fases finales de las negociaciones. Sin mayor concertación de agendas de negociación, se han apresurado en conceder a cada organización criminal, gratuitamente y sin obligaciones reciprocas, ceses al fuego, liberándolas de la acción militar de las Fuerzas Armadas y abriéndoles la puerta para disputarse entre ellas el control de vastas regiones del país. Para ganar crédito, se defenestró al alto mando del ejército, y se asumió el control de la Policía, sujetos a la voluntad de un ministro de defensa sin credenciales para esa labor y reconocido por su animadversión a la Fuerzas Militares.

El acuerdo con las Farc no logró ni auspició la paz en Colombia. Por el contrario, dio lugar a la aparición y crecimiento de múltiples organizaciones armadas que se han fortalecido en los territorios al amparo de mesas de conversaciones de paz improvisadas, en las que el gobierno se ha distinguido por su incompetencia y benevolencia, que hoy se suman a la preexistente con el Eln, y que se han convertido en instrumentos de consolidación de hegemonías territoriales. Con ello, esos diálogos infructuosos que se eternizan, redundan en el constante empoderamiento de los delincuentes y han degradado la acción del gobierno, hasta el punto de aparecer consintiendo el crecimiento de las acciones criminales de sus contertulios. La multiplicación de las masacres, el reclutamiento forzado de menores, la sujeción de las comunidades y el fortalecimiento de las capacidades criminales y de la impunidad, autorizadas por la quimera de una paz total, se han convertido en un infierno para las poblaciones abandonadas a la triste suerte que les dispensa un gobierno atolondrado e insensible, cegado por una ideología desueta que condena a la Fuerza Pública a la inacción y hace impracticables las tareas de Monitoreo y Verificación, supuestamente diseñadas para evitar y denunciar los excesos de los nuevos dueños de los territorios.

Una reconfiguración del territorio está en curso y explica las confrontaciones entre las diferentes organizaciones criminales que se multiplican en el país, mientras las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, disminuidas en su potencial de combate, limitadas en sus capacidades de inteligencia, en su armamento y en la naturaleza de sus operaciones por decretos del gobierno, que restringen sus capacidades, instrumentos y presupuestos, se encuentran constreñidas y debilitadas en el cumplimiento de sus misiones y de las legítimas tareas que la Constitución y la ley les confieren para la conservación de la paz, la defensa del territorio y la integridad de las instituciones democráticas que enmarcan la vida y libertades de los colombianos.

Los planes estratégicos de los empoderados delincuentes apuntan al control de los territorios para fortalecerse con los recursos naturales, cultivos de coca y explotación de la minería ilegal, no solo como fuente de financiación de sus operaciones armadas y sus capacidades terroristas, sino también para fungir como dispensadores de bienes y servicios de subsistencia que perpetúen su dominación sobre las comunidades de los territorios bajo su control.    

Nunca en el pasado, los colombianos habíamos sido confrontados a peligros tan amenazantes para la soberanía e integridad territorial de la nación. Los reiterados ataques a varios municipios son expresiones inequívocas de la voluntad de los terroristas de parcelación del territorio en nuevas entidades bajo su control, antesala del desmembramiento de la nación colombiana. 

Urge evitarlo, porque nos hallamos cerca del punto de no retorno.