La igualdad, en todos los órdenes, debe ser un propósito del Estado. Así lo señala la Constitución y también ha sido pregonado desde la antigüedad, entronizándose como un pilar fundamental en la revolución francesa y en todas las liberales de la época.

Por ello miramos siempre como un verdadero despropósito el empeño de la vicepresidenta y del Gobierno darle carta de naturaleza a un nuevo ente burocrático, en un país como Colombia, al que desde hace rato se le está yendo la mano en burocracia y en el crecimiento de la cuenta del Estado. Se traslucía evidente la verdadera finalidad política que movía la iniciativa; la de darle dientes burocráticos y presupuestales a la desfigurada figura vicepresidencial.

La igualdad de género debe ser una política de Estado, transversal a todos los entes gubernamentales; que para concretarla basta con una mera orden presidencial. Crear semejante esperpento burocrático, cargado de un robusto presupuesto, que bien podría destinarse a fines más urgentes; fue a todas luces una decisión equivocada a la que, desde un principio auguramos, no tendría un buen fin en su examen constitucional.

Once parlamentarios habían demandado la creación del ministerio por violación a la Constitución en el trámite legislativo. A buena hora no ha pasado el examen de exequibilidad en la Corte  Constitucional, por no haberse contado con el ”visto bueno” del ministerio de Hacienda, sobre la viabilidad financiera de la iniciativa; Ministerio que difirió su opinión para un momento posterior cuando estuviese definida la estructura el Ministerio, señalando que, “El costo preciso de creación y operación del nuevo Ministerio se puede tener una vez se cuente con la estructura final de la entidad”;  razonamiento que a la postre,  sirvió a la Corte para justificar su argumento.

No obstante la  decisión de inconstitucionalidad del acto de creación del nuevo Ministerio, esta se aplaza por el término de dos años buscando dar un espacio para no perturbar algunas políticas que se vienen adelantando; advierte la sentencia: “una desarticulación institucional que afectaría a la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad”; decisión discutible que ocasionó el salvamento de voto del magistrado Enrique Ibáñez, partidario de aplicar de inmediato los efectos de la decisión, como debió haber sucedido.

Si bien puede afirmarse que el ministerio de la Igualdad se cae por un vicio de forma; cosa que no debió pasarle al abogado presidencial, hoy magistrado de la Corte Constitucional; y ello no impide que nuevamente se presente otra iniciativa reviviendo el Ministerio. Esperamos que semejante “oso jurídico” que ha hecho el Gobierno, al menos le sirva de reflexión para abstenerse de más despilfarro con el erario público.