El Gobierno ha presentado al Congreso de la República un Proyecto de Acto Legislativo contentivo de una sustancial reforma al poder judicial.  Se trata de ajustar el diseño que, para esta decisiva rama del poder público, trajo la Constitución de 1991.

Una importante mesa se instaló desde el inicio del periodo presidencial para el efecto, donde han intervenido los presidentes de las Altas Cortes, magistrados y exmagistrados, revisando los temas que requieren modificación, escuchando las diferentes opiniones y procurando llegar a acuerdos sobre los puntos más neurálgicos, en la medida de lo posible.

Lo que se pretende es ante todo recuperar la confianza de los colombianos en su sistema judicial,  deteriorado por una serie de escándalos que se han presentado en los últimos años;  y preparar los fundamentos para los ulteriores reformas legales que se requieren para cercar la justicia al ciudadano y  afrontar, como una prioridad inaplazable, el acceso de todos los ciudadanos a una justicia pronta y cumplida en todo los órdenes.

Se eliminan facultades electorales de los magistrados para altos dignatarios extraños a la rama, salvo la de elegir el Fiscal General; pero se establece un mecanismo para impedir bloqueos, pues si en treinta días la Corte Suprema de Justicia no realiza la elección, está corresponderá al Presidente de la República de la terna por él propuesta.

Se hacen más estrictas las inhabilidades de los magistrados y se establecen procedimientos para evitar los bloqueos institucionales.  También se exige un mayor tiempo de experiencia para llegar a ser magistrado, veinte años, de los cuales cinco años deben acreditarse como juez o magistrado. Con esto último no estoy de acuerdo, pues impedirá que muchos grandes juristas lleguen a las Cortes. La idea que mantiene una dinámica en la jurisprudencia, es que, a las altas cortes lleguen magistrados provenientes del poder judicial, por supuesto, de la academia y del ejercicio profesional. Si exigimos que tenga cinco años de  experiencia en la rama,  es dejar el vacío otras posibilidades de procedencia, para privilegiar solo una de ellas.

Se establecen las audiencias de conformación de las elecciones de altos dignatarios, para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado. Este mecanismo dará transparencia y participación a la ciudadanía.

Se precisa que el ante juicio en el Congreso para ciertos aforados, es de naturaleza política y no jurisdiccional y se agilizará su trámite en la ley que lo regula.

Se fortalece la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, quién designará la Comisión de Carrera Judicial y la Comisión Disciplinaria, buscando una mejor estructura para la administración autónoma de la rama.

Se tratará de estabilizar e incrementar el Presupuesto que se destina a la Administración de Justicia.   En el país ha crecido la demanda de justicia, mientras el número de jueces se conserva igual desde hace muchos años.  El 1.4 que destinamos del presupuesto a la rama no es suficiente para atender los requerimientos de la misma. Si queremos una mejor calidad en la justicia y eliminar la congestión en necesario una adecuada asignación presupuestal.

Bueno, el debate comienza, los temas propuestos en la reforma son trascendentes y merecen ser recibidos con la mejor voluntad. La reforma a la justicia hará posible cumplir los anhelos de paz y de progreso de todos los colombianos.