Sentenció el filósofo que toda realidad ignorada acaba vengándose, y en eso está en su conjunto el sistema sanitario público español. No tenemos la peor sanidad de Europa -basta con asomarse a Gran Bretaña para comprobarlo- pero nuestro sistema está tocado en razón de la falta de medios que se agravó con la pandemia.

Faltan médicos y los que mantienen con su esfuerzo el sistema cobran poco. En algunas especialidades, caso de los médicos de familia, las carencias se acercan peligrosamente al colapso. No están mejor las urgencias, pero ahí el sacrificio de los profesionales salva la cosa. Pero no hay que llamarse a engaños: el voluntarismo da de sí lo que da de sí. Se necesitan más recursos, ampliar las convocatorias de médicos y pagar más para que quienes se forman aquí se queden en España.

La sanidad pública está transferida a las respectivas comunidades autónomas pero el Gobierno retiene algunas competencias y, de hecho, existe un Ministerio de Sanidad aunque su errática actuación durante los meses duros de la pandemia pudiera hacer pensar otra cosa. En todas las comunidades autónomas se acumulan los retrasos en las listas de espera. Según datos publicados por el Sistema Nacional de Salud, el promedio de espera para ser atendidos por primera vez es de dos meses y medio y se eleva a cuatro y medio para una intervención quirúrgica no urgente. Las demoras son generalizadas en todas las comunidades autónomas pero el problema es mayor en unas que en otras. A la cabeza de las listas de espera para una intervención no urgente en quirófano se sitúan Aragón y Cataluña con 151 días de espera y Canarias con 144, mientras que Madrid y el País Vasco y ocupan el último lugar con 65 y 64 días, respectivamente.

Así las cosas, llama la atención que las nutridas manifestaciones de protesta que tuvieron lugar durante el fin de semana no se realizaran en las comunidades que acumulan más demora en la atención a los pacientes como es el caso de Aragón, Cataluña o Canarias. Las manifestaciones más numerosas fueron en Madrid, Castilla y León, Andalucía y Galicia comunidades en las que gobierna el PP. En el caso de Madrid la personalización de la protesta en la presidenta Isabel Díaz Ayuso añade intencionalidad política de las movilizaciones.

No parece descabellado pensar que obedecen a una estrategia diseñada para aprovechar los problemas (reales) del sector sanitario para mantener la presión en la calle y alargarla hasta el 28 de mayo, fecha de las elecciones. La política como desgaste del adversario. Pero se equivocarán los gobernantes madrileños sí se refugian en señalar la manipulación y no intentan resolver las carencias que denuncian los médicos.