El problema de la UPC y el incremento que se le debe aplicar va mucho más allá de los vacíos de información que el ministro Jaramillo invoca para atar el incremento de manera exclusiva a la variación de la inflación.
Por supuesto que la información es necesaria para el adecuado diseño de las políticas públicas, incluido el valor que se les reconoce a las EPS para garantizar la cobertura sus afiliados. No obstante, ahora que el Gobierno ejerce el control de buena parte de estas entidades, gracias a su famoso shu, shu, shu, ésta no debería ser más una falla.
Más allá del reparo puntual que pueda tener el ministro por la ausencia de datos adecuados, lo cierto es que la insuficiencia de la UPC se manifiesta en diversos niveles.
Varios expertos han señalado que hay una distribución inequitativa de los distintos grupos poblacionales: al parecer, algunas EPS tienen una mayor proporción de personas afectadas por enfermedades de alto costo. También podría haber aún algún rezago en las patologías que se originaron durante la pandemia: muchas personas retrasaron el inicio de los tratamientos que requerirían.
No obstante, estos problemas obedecen a causas puntuales, así su solución se podría lograr a través de medidas específicas.
Hay, sin embargo, otros desequilibrios que tienen una dimensión estructural. Para comenzar, ha habido un aumento en la esperanza de vida. La pandemia trajo algún retroceso en esta tendencia, pero lo cierto es que los que acá estamos cada vez vamos a durar cada vez más. Y entre más viejos nos volvemos, mayores son los recursos que se requieren para la atención de nuestra salud.
El avance de la ciencia y la llegada de nuevas tecnologías también inciden. Todos los días surgen nuevos medicamentos, hay innovación en los tratamientos y aumentan las opciones que mejoran la calidad de vida de la población, pero que también estiran el costo del aseguramiento.
Es verdad que estas nuevas alternativas no entran ni súbita ni automáticamente al plan de beneficios, aunque a veces sí se cuelan a través de tutelas y de otras figuras que extienden los beneficios más allá de lo inicialmente previsto.
Como puede verse, se trata de una discusión llena de complejidades. Un debate que abarca interrogantes clínicos, financieros, políticos y éticos. Mal hace el ministro en limitar el tema a un problema de variación de precios. La definición de la UPC depende de la forma en que cambia el ser humano, así que sus ajustes deben obedecer a criterios adecuados para asegurar la efectividad y la sostenibilidad del sistema.
Estas dos variables -no solo en el caso de la salud, sino en todos los casos- suelen chocar: proteger los derechos cuesta. Esta realidad nos obliga a definir hasta dónde queremos y hasta dónde podemos llegar. Como sucede siempre en estos escenarios, los recursos que le asignamos a la garantía de un cierto derecho, son recursos que les descontamos a la protección de los demás. El dinero es ineludiblemente escaso.
En lo que sí se diferencia la salud, decía, es que las condiciones de su protección cambian al ritmo que se transforman las variables poblacionales, las tendencias antropológicas y la tecnología.
Mal hacemos en reducir una controversia de semejante dimensión a una mera cuestión de regateo.