El 27 de mayo pasado el expresidente Cesar Gaviria convocó a una gran coalición en torno a la defensa de la Constitución que nos rige. Llamó a participar en ella a todos los partidos y fuerzas políticas que estén dispuestos a dar la lucha por el Estado de derecho.

Lanzó la propuesta en el momento inquietante en el cual vivimos casi a diario y cuando es notorio que el vocero de la Casa de Nariño es Álvaro Leyva, quien busca resurgir de las cenizas esparcidas en la Cancillería y recobrar vigencia en la política nacional. Y a fe que lo ha logrado. El presidente Petro, habitualmente ufano de su agresiva y ya cansona dialéctica, ahora repite las mismas argumentaciones y palabras de su excanciller.

Refutada por los más destacados juristas del país y por los más altos actores del Acuerdo, la intención de convocar una Constituyente, siempre omnímoda, al amparo del Acuerdo Final 2016, solo tiene cabida en el mundo de penumbras que ha transitado Leyva en su insistente búsqueda de la paz nacional.

Sin embargo, el presidente Petro ha reiterado en estos días que no piensa buscar la reelección, ni convocar a una Constituyente. “Lo que propongo es que el pueblo se exprese en un Proceso Constituyente”. No es hora, pues, de seguirle preguntando al primer mandatario sobre el tema.

Creo, si, que le corresponde aclarar los perfiles jurídicos del “proceso constituyente”, porque en el ámbito de la democracia representativa manifestar no es representar.

En todo caso, ante la incertidumbre reinante conviene recordar que el concepto de Seguridad Jurídica tiene valor universal. “Ante la dimensión ética de la política, la Seguridad Jurídica es aquella que se deriva de la vigencia del Estado democrático de derecho”, escribió Alconada Sempé.

En fin, la paz no puede ser pretexto para la manipulación de la voluntad popular ni para desconocer la letra escrita de la Carta Política. Un trío de eminentes pensadores, Posada Carbó, Malcolm Deas y Charles Porrel, consignó en un ensayo sobre la Paz y sus Principios, que “es tanto el afán por lograr la paz, que paulatinamente se aumenta la indiferencia sobre cómo y a cuál costo lograrla”.

La intención del binomio Petro-Leyva de hacerle un quite monumental a las Cámaras legislativas obliga precisar que el pueblo libre y soberano le dijo No al Acuerdo de Paz con las Farc. La Corte Constitucional lo salvó en dos providencias, de cuyo amplio follaje se deduce que “la refrendación popular bien puede hacerla el Congreso”. Y, que el fast track, o el congreso mudo, era una “legitima necesidad histórica”. Hasta allá estiró la Corte sus argumentos para que ahora se intente birlar al Congreso en nombre de la paz.

Por otra parte, debo registrar con mucha preocupación el silencio de los dirigentes de la democracia ante la propuesta de Cesar Gaviria, jefe del Partido Liberal. ¿En que están pensando? En repetir la mascarada de 53 candidatos como hace cuatro años. Si eso ocurre, ¡ya sabemos el resultado! Acabo de enterarme de que el expresidente Duque habló de la necesidad de un candidato único de la oposición. Ese es el objetivo ¿Pero, ¿cuál es el camino?

En el mismo sentido y desde la óptica económica Mauricio Cárdenas ha insistido en un necesario entendimiento entre empresarios, sociedad civil, alcaldes, etc., para evitar la crisis fiscal, y otras crisis como la del racionamiento eléctrico que se vendrá en pocos años, pues no hay inversión en generación. No sé si en la reunión de la Asociación Bancaria se haya trabajado el tema. Mauricio dice, con razón, que evitar las crisis es evitar las medidas de excepción que utilizaría el gobierno Petro para legislar a sus anchas.

También, desde la Academia, liderada por José Manuel Restrepo y Jorge Humberto Botero, se proponen puntos básicos para reactivar la economía y cuidar el empleo. Son iniciativas que surgen desde las preocupaciones de la ciudadanía por la situación que ya se refleja en la parálisis de la economía, en el menor recaudo fiscal, en el sometimiento de amplias regiones del país a las fuerzas violentas de la subversión y de los narcotraficantes, en las masacres ya no contadas, y en la debilidad de nuestras exportaciones. Son hechos que el gobierno no puede seguir ignorando. Las últimas encuestas de opinión marcan claramente el rechazo del pueblo al comportamiento errático del gobierno y a la agresividad obcecada del Presiente de la República.