En Colombia, el Estado se ha convertido en el peor enemigo del ciudadano. Lejos de atender las problemáticas sociales, administrar justicia y garantizar seguridad, se ha encargado de sofocar la iniciativa privada, desestimular la actividad empresarial y el libre mercado. En lugar de promover el desarrollo, humano, económico y social, el Estado satura al individuo y a la empresa con impuestos y trámites.

Actualmente los impuestos, lejos de cumplir con la función social de la propiedad privada, son la fuente que mantiene la creciente corrupción de nuestro país y su desmedida e ineficiente burocracia.  Según el Banco Mundial, en Colombia la tasa efectiva de tributación sobre utilidades en 2014 fue de 75,4 %, es decir que tres cuartas partes de las ganancias de las empresas se destinaron al pago de impuestos, convirtiéndonos en el cuarto país con mayor carga tributaria en el mundo, de acuerdo con el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Es una realidad, los colombianos trabajamos para el Estado, y peor, para unos corruptos que se han adueñado del mismo. Todos los días vemos noticias de niños que mueren de hambre en la Guajira, en el Chocó no hay agua potable y los ancianos se mueren en los hospitales esperando que les autoricen un tratamiento mientras el gobierno Santos “el dueño de la chequera” reparte contratos a sus amigos y a los familiares de sus ministros en nombre de la paz.

Si bien los impuestos, la ausencia del Estado, la excesiva burocracia y la corrupción no son una nueva enfermedad del trópico, durante la administración Santos van en aumento. El derroche en el gasto público nos tiene con un déficit fiscal superior al 30%, y ni la venta de Isagen ni la reforma tributaria le alcanzarán al Gobierno para sostener el gasto ni para comprar el SI. Por ahí andan el Presidente, aprovechándose de los sin techo, y su ministro Mauricio Cárdenas, entregando casas y dinero de las regalías a cambio de votos por el SÍ.

Pero la calificación de Colombia ha disminuido y estamos en riesgo de perder el grado de inversión si no se hace una reforma tributaria, por supuesto después del plebiscito, en la que seguramente nos subirán el IVA al 19%, poniendo a los más pobres a financiar el saqueo.

Los empresarios parecen dormidos, los que no se han quebrado o le temen al Gobierno o evaden impuestos, porque la presión los va a reventar. Han sido los grandes grupos económicos los que han sostenido a Santos,  porque la rentabilidad de sus negocios ya no depende del mercado sino de su cercanía al poder. En un Estado con inestabilidad institucional, jurídica y tributaria, en un país donde las reglas no son claras y donde imperan las trampas y las coimas, se promueve la ilegalidad y la corrupción.

De nada servirá una reforma tributaria si no se reforma el gasto, ni se ataca la corrupción, ni se promueve la transparencia y la eficiencia de los funcionarios. Esto es una bomba de tiempo y ojalá le explote a Santos en las manos, porque él, para poder gobernar, ferió al país entre la misma clase política que nos saqueó en los noventa